Imaginó que porque mucha gente reconocía que el precio de la luz y el gas estuvo "regalado" durante más de una década, iba a estar dispuesta a pagar facturas de servicios hasta diez veces mayores de la noche a la mañana. Y supuso que el triunfo electoral le concedía la posibilidad de subir las tarifas soslayando las audiencias públicas y sin una clara y cruda explicación a la sociedad acerca de la necesidad del ajuste. Olvidó que, como decía Juan Domingo Perón, el bolsillo es la víscera más sensible del cuerpo humano, y los cacerolazos de anoche se encargaron de recordárselo al Presidente.

La primera protesta callejera importante contra el tarifazo, al margen de haber sido convocada fundamentalmente por sectores vinculados a la oposición kirchnerista y a fuerzas de izquierda, no deja de ser un llamado de atención que confirma, a siete meses de la asunción de Macri, que nada resultará sencillo para el gobierno nacional.

Es, de alguna manera, un golpe contra el exceso de optimismo de los funcionarios del Poder Ejecutivo, inspirados en los inicialmente elevados porcentajes de imagen positiva del primer mandatario, que bien podrían explicarse por el pánico de buena parte de la sociedad a un retorno del kirchnerismo al poder, más que por la gestión macrista.

Ese exceso de confianza oficial también pudo haber conducido a falsas expectativas acerca de la rapidez con que llegarían las nuevas inversiones productivas y la lluvia de dólares del exterior que tanto se demoran.

"¿Qué esperan para invertir en el país?", es el recurrente interrogante que tanto Macri como algunos de sus funcionarios les trasladan a grandes empresarios. "¿Por qué no se animan a hacer inversiones de riesgo con todas las señales favorables que les hemos dado?", preguntan con insistencia. Es cierto que se hizo mucho en materia económica y de política exterior en muy poco tiempo: se desactivó la bomba del cepo cambiario con una rapidez y un éxito que pocos imaginaban y se puso fin al conflicto con los "holdouts". Sin embargo, las dudas de los grandes empresarios siguen guardando relación con el escenario político. "El rumbo es correcto. Pero, ¿y si el año que viene pierden las elecciones?", indagan los hombres de negocios.

La duda que transmiten esos empresarios conduce a otros dos interrogantes. El primero es sobre el futuro del peronismo y de la lucha interna por su liderazgo. El segundo, el que más acosa al gobierno de Macri, es si resulta factible desmontar tan rápido el modelo populista y bajar el déficit fiscal como muchos empresarios y el propio jefe del Estado querrían, sin correr el riesgo de perder las elecciones legislativas de 2017.

Algunos gestos desde el Gobierno provocan más dudas incluso. No pocos observadores todavía se están preguntando qué quiso transmitir el Presidente, durante el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio efectuado anteayer, cuando afirmó: "Tratamos de ir lo más rápido posible para dar soluciones (a los más vulnerables), pero estamos como pilotos sin instrumental, tratando de esquivar las tormentas".

La reciente rectificación del Gobierno al ponerle un techo del 400% anual a los aumentos en las facturas de gas en los hogares, independientemente del consumo, también encendió luces de alarma, Fundamentalmente, por el lado del relajamiento en la lucha contra el déficit fiscal. En rigor, según estiman en el Gobierno, el costo fiscal de la medida no será tan grande. Representaría unos 11.800 millones de pesos más en concepto de subsidios al consumo de gas, que es apenas el 0,1% del PBI.

Los números de la herencia kirchnerista en materia de subsidios son aterradores. En 2015, los subsidios al consumo de energía equivalieron al 2,9% del PBI. Si se suman aquellos para el transporte, el resultado sube al 3,9% del PBI, más de la mitad del déficit fiscal total, que rondó el 7%. Entre 2006 y el año último, los sucesivos gobiernos kirchneristas gastaron el equivalente a 138.896 millones de dólares en subsidios a la energía y el transporte, de acuerdo con un informe del economista Roberto Cachanosky. Tal friolera refleja que la política de subsidios del kirchnerismo era insostenible y que el ajuste tarifario resultaba inevitable. Compatibilizar esa necesidad con el menor costo social posible requerirá de una capacidad política y técnica que al Gobierno le ha costado aún encontrar.