Muy pocos imaginaban semanas atrás que la coalición liderada por Mauricio Macri pudiera aprobar un acuerdo con los llamados fondos buitre con el voto favorable de dos tercios del total de miembros del Congreso, pese a su minoría parlamentaria. Sin embargo, tanto la flexibilidad del oficialismo para buscar consensos como las necesidades económicas de los gobernadores provinciales, sumadas al sentido común que imperó hasta en algunos legisladores afines al propio kirchnerismo, lo hicieron posible. El gran interrogante que surge ahora es si este acuerdo para la salida del default será el principio o el final de un pacto de gobernabilidad.
El encuentro que, horas después de la histórica sesión del Senado, unió a
líderes de las cinco centrales obreras con diputados de los distintos bloques
opositores detrás del reclamo común de una reforma del impuesto a las ganancias
plantea dudas acerca de si el gobierno de Macri podrá seguir manejando
cómodamente la agenda legislativa.
Dirigentes macristas advierten que Elisa Carrió le hizo un flaco favor al Gobierno cuando, casi al mismo tiempo en que se producía aquel encuentro del sindicalismo y de la oposición, y en vísperas de los incrementos en el agua, el gas y el transporte público, se quejó por Twitter de los "ajustes brutales" y se confesó "harta de que paguen los pobres". Fueron esas expresiones, más que sus críticas sobre los supuestos papeles del empresario amigo del Presidente Nicolás Caputo y el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici, lo que más molestó en el macrismo.
Nadie descarta que, en este contexto, el debate sobre el impuesto sobre los
salarios de los trabajadores se cuele en la agenda. Resignados, hombres del
oficialismo creen que no se podrá ir contra la corriente, aunque confían en que
los cambios en la norma comiencen a correr sólo en 2017. Apuntan a su favor que
las limitaciones en la recaudación del Estado federal repercutirían
negativamente en las finanzas provinciales, por lo cual algunos gobernadores
serían los primeros interesados en la postergación de toda modificación.
Si la oposición se juntara para imponer los cambios en Ganancias de inmediato, con el consecuente efecto fiscal, a Macri le quedaría la alternativa del veto. Pero esta opción le provocaría el primer conflicto de poderes y, probablemente, aceleraría el fin de su luna de miel con buena parte de la sociedad.
La coalición que lidera Macri afrontó, con las críticas de la diputada Carrió, uno de los primeros desafíos a su cohesión interna. La convocatoria de urgencia que el Presidente le hizo a la dirigente, más el papel contenedor que cumplió Ernesto Sanz, calmó los ánimos. Carrió terminó admitiendo que "Cambiemos es una fuerza que debate todos los temas" y Macri buscó de todas las formas posibles desmentir que tuviera "operadores en la Justicia", como denunció la blonda legisladora.
La mayor firmeza que reclama Carrió contra la corrupción kirchnerista dejó al descubierto la posibilidad de que en el Gobierno haya quienes preferirían que esas causas judiciales avanzaran con menor velocidad en pos de una mayor calma política. Algo que Macri busca desmentir con la constitución de la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, como querellante en causas trascendentes como la de Hotesur.
