Se trata del Fondo de Estabilización de stock, el cual fue comunicado en su momento por el gobernador Francisco Pérez, en la vendimia 2014, y hoy el presidente del INV Guillermo García junto con los diputados por Mendoza del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti, intentarán remontarlo en la Cámara de Diputados con el objetivo de que sea discutido y aprobado en los próximos meses, según informó el diario Los Andes.
En segundo término, está la posibilidad de una reducción temporaria de impuestos, y la tercera sería una contribución que haría la cadena comercial”, contó el mandatario.

Sobre esto, Guillermo Carmona, aseguró que la tercera opción, la de aplicar una tasa a la cadena comercial, sería la más factible, ya que en definitiva, según el diputado, “se llevan la renta más abultada de la comercialización del vino y en definitiva son quienes distorsionan el precio del vino”.

El argumento que exponen es que el precio que recibe el productor no es el que se refleja en las góndolas de los supermercados. “Según el Indice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el Departamento de Economías Regionales de CAME para una canasta de 20 alimentos agropecuarios, en agosto la diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola superó en 8,01 veces a lo que recibió el productor en el campo.

La uva de mesa, aunque es la época de menor consumo del año, el consumidor pagó en agosto 48,9 veces más de lo que recibió el productor”, indicó la CAME en un estudio realizado esta semana.

Esta iniciativa trata de incorporar un aporte realizado por la cadena a un fideicomiso, con el objetivo de que este valor se transforme en un aporte al productor de uva genérica, y que al mismo tiempo retenga volúmenes de vino. Con esto último, se lograrán disminuir los excedentes y restringir la oferta, trasladándose en un aumento de precios de vino en el mercado de traslado.

De este modo, según adelantó el presidente del INV, este fideicomiso estaría en manos del Estado y del INV, con la posibilidad de que tenga una administración no vinculante, por la relación de lo público y privado.

Asimismo, sumó: “Lo que el productor quiere es que lo que él produzca tenga valor, no quiere compensaciones, ni subsidios, ni mucho menos intervención. Entre 2003 y 2011 nadie se quejaba por la situación del sector, por el simple hecho de que las condiciones económicas eran las acordes. Estos esquemas vienen a corregir y compensar errores macro y las malas decisiones del Ejecutivo”.

Coincidió con esta visión Sergio Villanueva, director Coviar y gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA). “Estas mega soluciones, tienen mega problemas, sobre todo cuando se hacen sin consenso de entidades”, destacó.

Carlos Iannizzotto, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), se mostró más parcial en sus comentarios. Es que según este dirigente, el sector cooperativo apoya instrumentos que terminen con los efectos cíclicos del sector, ya sean, precios de vinos bajos o altos. Sin embargo, manifestó que este proyecto de ley tiene un defecto -por el cual no se llevó a cabo en su momento- “y es el problema logístico de fondeo”.