"Que no se repita la mala experiencia del Fondo Nacional de la Vivienda, cuando se le permitió a las provincias destinarlo al gasto corriente en lugar de su destino original: la construcción de viviendas", dijo el mandatario de San Luis, Claudio Poggi, intentando cerrarle el paso a la avanzada mendocina.

Pero la pretensión de Francisco Pérez -urgido como la gran mayoría de los gobernadores por la necesidad de obtener más fuentes de financiamiento- remite, en rigor, a un reclamo previo al que se habían sumado su antecesor, Celso Jaque, intendentes de todo el país y hasta el propio Daniel Scioli, tal como explicó ayer este diario. En aquella oportunidad fue la propia Nación la encargada de cerrar definitivamente la discusión, que había comenzado a incomodar a más de uno en el Palacio de Hacienda de Buenos Aires.

"El Fondo de la Soja que llega a las provincias y municipios, debe mantener la afectación específica a obras de infraestructura y no para gastos corrientes", subrayó Poggi. "Sería un gran error si la Nación accede a la petición de algunas provincias", completó.

Según publicó Ámbito Financiero, mientras unos buscan nuevas fuentes de sustentabilidad financiera que les permitan hacer frente a una cada vez más delicada situación salarial, otros sortean el horizonte político y prefieren resguardar esos ingresos (el mes pasado se distribuyó entre los municipios vía goteo de coparticipación un total de $ 1.640 millones) para reorientar la obra pública con la mira en las elecciones a gobernador e intendente del próximo año. Una fascinación que comparten todos sin distinciones.

El Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) fue creado en 2009 por Cristina de Kirchner y tiene por objeto distribuir entre las provincias un 30% de lo que Nación recauda por retenciones a la soja. El decreto especifica que esos fondos deben ser destinados "a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales".

Pero el sostenido aumento de la recaudación por retenciones a la soja ha convertido al Fondo en un atrayente botín para las complicadas administraciones públicas. En efecto, en menos de un año la recaudación por ese concepto creció un 21,7%.

Esa realidad -materializada en las dificultades de gobernadores e intendentes para hacer frente al gasto corriente- motivó confusos escenarios. Por ejemplo, en Corrientes, la administración de Ricardo Colombi denuncia que más de 30 comunas no rindieron este año el balance de la aplicación de los fondos.