Así lo dicen informes secretos de bancos de inversión de Wall Street, como Barclays y JP Morgan, también los funcionarios del FMI y el Club de París. El propio jefe de esta organización lo trasmitió a Buenos Aires antes del verano boreal. Ramón Fernández recibió sondeos del Palacio de Hacienda y contestó categórico: “ No vamos a avanzar en ninguna negociación hasta que no haya interlocutores creíbles.” La ausencia de confianza involucra a una larga lista de funcionarios: desde Héctor Timerman, Guillermo Moreno y Mercedes Marcó del Pont hasta Axel Kicillof y Hernán Lorenzino.

El descreimiento general provocó que la propuesta –tardía– de pago de la Presidenta fuera inmediatamente mal interpretada en Washington y Nueva York. Cristina –tal cual hizo siempre– intentó garantizar pagos a los banqueros, pero el escepticismo que levanta su gestión generó una lectura inversa y negativa.

Thomas Griessa y los tres jueces del Tribunal de Apelaciones interpretaron que sus anuncios van en sentido contrario: no cumplir con la sentencia del fuero de New York, que habían aceptado Néstor Kirchner primero y después Cristina. La presunción obedece también a informes de inteligencia que llegaron a EE.UU. En esos paper se detalla una parte de la primera reunión con empresarios y sindicalistas, donde, locuaz, la Presidenta repitió ante 20 testigos: “Fallan en contra porque nos quieren castigar políticamente. Yo no voy a pagar a los fondos buitre.” Pero sus anuncios, que trataron de complacer a los jueces, fueron elaborados sin consulta previa con los abogados que defienden a la Argentina en EE.UU.

Clarín confirmó que el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton se enteró de las novedades apenas minutos antes de la grabación de la cadena nacional.

El jefe de los abogados, Jonattan Blackman, había sugerido –a mediados del 2012– reabrir el canje como estrategia para mostrar voluntad de pago y desactivar la ofensiva de los fondos buitre.

En ese momento, Cristina decidió desoír la estrategia profesional y politizó los juicios desacreditando a los magistrados y afirmando que iba a desconocer sus fallos.

También ahora Cleary Gottlieb está en desacuerdo con el paso que dio la Casa Rosada. Pero calla porque cobra suculentos honorarios, obviamente, en dólares.

Blackman y la letrada Carmen Corrales sostuvieron que el último fallo de la Corte de Apelaciones le había dado un largo plazo judicial y un buen margen de maniobra a la Argentina al trasladar el tema sin fecha a la Corte Suprema. Por eso los abogados consideran desacertada la jugada y objetan la premura con la cual reaccionó el lunes la Presidenta. Desde su discurso, creció la incertidumbre, los bonos no paran de caer y el dólar de subir.

Entre las cúpulas empresarias hay desconcierto. En la Asociación Empresaria sostienen que ella desoyó a los abogados y sobreactuó con dos objetivos. Primero, porque quiere tener un enemigo que le otorgue un nuevo contenido épico a la campaña electoral. El otro es más complejo: Cristina querría utilizar el conflicto para generar argumentos sobre un presunto complot (más bien, auto-complot) que el cristinismo pretendería hacer correr para justificar sus traspiés.

En la UIA consideran que está jugando con fuego y que existe un fuerte deterioro económico. Los anuncios del lunes pueden precipitar sanciones contra la Argentina. Héctor Méndez se lo transmitió a varios referentes de la Casa Rosada. Ayer estuvo con el gobernador Daniel Scioli, rodeado de Luis Betnaza y Cristiano Rattazzi.

Scioli exhortó a los empresarios a apoyar la transición y lo invitó a Méndez a exponer sus preocupaciones en las reuniones que convoca Cristina. La respuesta fue tajante: “Es muy difícil en esos encuentros hablar de la realidad con la Presidenta.” La última reunión le dio la razón al jefe de la UIA. Cristina Kirchner dejó hablar poco y sólo usó el encuentro para darle oxígeno al maltrecho Guillermo Moreno.

El secretario consiguió lo que buscaba, después de que lo borraron de la cumbre anterior: un aval político que negoció con Cristina, durante una áspera reunión que ambos mantuvieron en Olivos. Moreno se llevó reproches por su colección de fracasos.

Hace unas jornadas, Méndez también sostuvo un diálogo a solas con la ministra Débora Giorgi. La UIA le entregó un memo con sus preocupaciones. El diagnóstico es desalentador: si no hay correcciones, para los industriales la economía va rumbo a una crisis del sector externo. En el texto, la cúpula fabril insiste con que la parálisis del Gobierno agudiza los problemas: –Habrá mayor caída de reservas y eso estimulará al dólar paralelo.

– El cepo se demostró inútil para frenar el drenaje de capitales. Las trabas a las importaciones despiertan rumores de corrupción.

– El atraso del dólar acentúa la pérdida de competitividad.

– La inflación afecta al mercado interno. Y la alimentación enfrenta una caída en el consumo.

– La pésima relación con Brasil y la nueva política cambiaria de Dilma Rousseff profundizan problemas en sectores clave como autos y alimentos.

La respuesta de Cristina será de oídos sordos: hará un gran acto por el Día de la Industria sólo para hablar de las bondades de su modelo.

En cualquier caso, la UIA está centrada en otra cuestión: el cónclave que hoy mantendrán los gobernadores peronistas y la esperanza de que sea el germen de una “liga de gobernadores” que ayude a encarrilar la economía.