El grupo brasileño JBS, propietario del frigorífico Swift, cerró definitivamente su planta en la localidad santafesina de Venado Tuerto, luego de acordar el despido de los últimos 37 operarios. Por problemas de rentabilidad la planta no operaba desde el 17 de diciembre pasado, cuando dejó de faenar. La situación afectó a 517 trabajadores, que fueron incluidos en un régimen de garantía horaria que les permitía cobrar parte de su sueldo. Al extenderse la situación, la mayoría decidió desvincularse.
Tras homologarse el martes pasado en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe un convenio por el que los últimos 37 trabajadores cobrarán el total de las indemnizaciones, JBS se desligó de todo su personal en Venado Tuerto. Ni siquiera cuenta con operarios para realizar tareas de mantenimiento en la planta, según informó Clarín.
Aunque el titular del sindicato de la Carne de Venado Tuerto, Carlos Crudelli, aseguró que la planta podría reabrirse en caso de que las políticas del Gobierno nacional hacia el sector cambien, y prometió a los empleados que se desvincularon el martes que podrían ser incluidos en una lista para reincorporarse al trabajo, las propias autoridades municipales descartaron que ese escenario sea viable. “Lo vemos como algo muy remoto. No sabemos cuál es el objetivo de JBS, pero vemos que le importan muy poco los trabajadores”, aseguró el secretario de Gobierno de Venado Tuerto, Rubén Paulinovich.
El conflicto en esa planta provocó la intervención del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien ofreció a JBS un aumento en la cuota Hilton, créditos y hasta una rebaja en las retenciones de productos termoprocesados. Ante la negativa de la firma se trabajó en una posible transferencia a empresas nacionales. Y hasta Coto estuvo interesado. Pero la decisión de la empresa fue mantener la planta cerrada “a la espera de que el sector se reactive”.
Vale recordar que varias fueron las alternativas que se barajaron durante las negociaciones entre Swift, el municipio, la provincia de Santa Fe y la Nación: se habló de estatizar la planta y de que un grupo empresario venadense se hiciera cargo con apoyo de la presidencia de la Nación, entre otras opciones.
Por su parte, Crudelli remarcó al portal “ElCapital” que "lamentablemente la situación se fue dilatando y no aparecieron las soluciones. No podemos hacer nada para obligar a la empresa a vender la planta, el gobierno debería obligarlos de alguna manera a esto. Los trabajadores quedaron en el medio de una guerra político-empresaria".
