Los funcionarios repiten el discurso presidencial según el cual todo es culpa de la crisis internacional. Los hechos los desmienten. A principios de julio último, no el gobierno brasileño sino la empresa Vale tomó 750 millones de euros a un costo menor al 4 por ciento anual. Los bonos vencerán en 2023 y a Vale le ofrecieron más del doble de lo que quería tomar.
La diferencia entre poder endeudarse o no no es menor. Las obras viales deberán pagarlas los usuarios con la esperanza de que alguna vez se realicen. El anuncio de la ampliación de la General Paz es el tercero del kirchnerismo y no se ha hecho, hasta ahora, casi nada. El sistema de accesos a Buenos Aires fue gravado en los ahora despreciados años 90 con peaje para pagar las obras una vez que estuvieran terminadas, no antes.
Los empresarios que participen en el esquema anunciado por De Vido no correrán ningún riesgo, como el que asumieron los que construyeron y operaron los hoy desbordados accesos.
Déjà vu
La economía argentina se parece cada vez más a la de la segunda mitad de los 80. Alta inflación, financiamiento genuino imposible, control de cambios. Entonces la red telefónica estaba, como hoy accesos y rutas, completamente colapsada, y la demanda excedía largamente la oferta de líneas. El gobierno de Raúl Alfonsín ideó el plan Megatel. Consistía en pagar un plan de ahorro para algún día tener una línea. Lo mismo hace ahora el gobierno de Cristina Kirchner. Los críticos del plan de Alfonsín decían: "Pague ahora, hable después". El país tenía problemas mucho mayores que los actuales, con tasas internacionales de interés altísimas y un default heredado de la última dictadura. El plan vial no es propio de un gobierno que se vanagloria del crecimiento "más largo e intenso de la historia" y que tiene el gasto público más alto de la historia.
Está ahora de moda criticar el endeudamiento, aunque los Kirchner apoyaron a Carlos Menem, que lo tomó en exceso. Es como criticar los antibióticos. Es una tontería usarlos en demasía. Pero negarse a usarlos cuando hacen falta es una locura. El Gobierno quiere disfrazar la incapacidad de virtud. Aunque cobra impuesto a las ganancias hasta a los docentes, arrasa las reservas del Banco Central y hace un feroz control de cambios para cumplir religiosamente con los pagos de la deuda, nadie quiere volver a prestarle.
Surgen preguntas inquietantes: ¿cómo hará el país para construir las represas hidroeléctricas que necesita imperiosamente si no puede financiar ni siquiera una ampliación de accesos? ¿Lo que se recaudará es un impuesto? Debería haberlo creado y controlado el Congreso. Está muy bien que el Gobierno publique los números en Internet. Pero sin auditoría externa de poco valdrán. El kirchnerismo tiene una historia de manejos oscuros con fondos fiduciarios. Como el Sisfer, de infraestructura ferroviaria, financiado con el impuesto al gasoil. La tragedia de Once es la muestra de su fracaso.
También hay una clara intención política de castigar a los porteños, por haber elegido a Macri. Y a Macri, por no hacerse kirchnerista.
Que el mayor aumento se aplique a los camiones parece un castigo a Moyano. Encarecerá los costos de casi todas las importaciones y de muchas exportaciones y más las que entran y salen por los puertos de Buenos Aires, Campana y La Plata y el aeropuerto de Ezeiza, a los que se llega por las autopistas, ahora más caras.
