Realizar un análisis serio de la situación social que atraviesa hoy la Argentina implica tener en cuenta las importantes mejoras introducidas en este ámbito a partir de los años 2002-2003 en adelante

Gracias a ello, el piso social de nuestro país en la actualidad se encuentra significativamente por encima de los valores registrados en la década anterior. En este sentido, uno de los desafíos actuales implica responder al interrogante de cómo modificar el modo de abordar y analizar ciertos temas de la política social.

A pesar de los avances mencionados, las personas que se encuentran debajo de la línea de pobreza aún constituyen un grupo poblacional de alto riesgo incapaz de enfrentar situaciones de crisis debido a que no cuentan con los recursos o capacitación necesarios para ello. La baja capacidad para asumir riesgos que caracteriza a las personas en situación de pobreza les impide involucrarse en actividades que podrían significar una mayor rentabilidad o, incluso, el fin del ciclo intergeneracional de la pobreza o la posibilidad de salir de ella en el corto/mediano plazo.

Las políticas sociales actuales no han logrado conformar un sistema de protección social integral sólido que aborde de manera efectiva los nuevos riesgos y problemáticas existentes. Sin embargo, sí han conseguido introducir nuevas temáticas cuya importancia es cada vez mayor. Tal es el caso de la equidad de género, la violencia urbana, la informalidad laboral, el embarazo adolescente y la salud reproductiva, entre las cuestiones más destacadas. Siguiendo esta línea de acción, la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se plantea como un salto de calidad en el Eje de Asistencia Social y, particularmente, en lo que refiere a programas de trasferencia condicionada (PTC), ya que amplía la cobertura de beneficiarios, incrementa la inversión social e incorpora los ejes de salud y educación.

No obstante, existen aún numerosos desafíos que deberán ser superados si se pretende dar forma y consolidar un Sistema de Protección Social efectivo en la Argentina. En primer lugar, uno de los principales problemas de nuestro país continúa siendo la pobreza estructural. Ésta afecta al 10% de la población, lo cual significa que aproximadamente 4 millones de personas son incapaces de satisfacer sus necesidades básicas. Esta problemática se concentra principalmente en las regiones del Noroeste, Noreste y Conurbano Bonaerense.

En segundo lugar, se encuentra la problemática de la calidad alimentaria. Hasta la implementación del Plan “Jefes y Jefas de Hogar”, el grueso del presupuesto destinado a la ayuda social era utilizado para acciones de transferencia alimentaria, principalmente la entrega de bolsones de alimentos y el financiamiento de comedores comunitarios. Sin embargo, a pesar del alto nivel de cobertura, esta política resultó deficiente en lo que hace a la calidad alimentaria de sus beneficiarios. Aquellas personas que quedan fuera de los planes sociales usualmente reciben otro tipo de ayuda estatal o, incluso, de entidades religiosas cercanas. Por ende, el gran desafío hoy en día no tiene que ver tanto con el acceso al alimento, sino más bien con su calidad. Ésta no se ve determinada por el saber comprar, sino por los programas nutricionales que fomentan la calidad de los alimentos, tanto de los sectores pobres como de la propia clase media. En conclusión, el principal problema de nuestro país no es el hambre -cuya existencia persiste- sino la nutrición propiamente dicha.

Un tercer problema de gran importancia actual es la precarización laboral. Comprender la trasformación de la cuestión social, en parte significa entender la forma en la que se estructura el mercado de trabajo. Combatir la precarización laboral es hoy uno de los principales desafíos que tiene nuestro país. Actualmente el 32,8% de la población económicamente activa se encuentra en el sector de la economía informal (trabajo no registrado o por cuenta propia), lo cual genera un alto grado de vulnerabilidad social tanto en términos de ingresos como en cuanto a los beneficios asociados a una relación laboral formal.

La informalización laboral consiste en el traslado de empleos hacia sectores poco organizados y desestructurados, como es el caso de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, o de aquellas personas que son cuentapropistas o que llevan adelante un microemprendimiento. Este proceso tiene consecuencias directas sobre la calidad de los empleos, especialmente en lo referente a horas de trabajo, protección del empleado, modo de contratación y remuneración. Esto, a su vez, repercute directamente sobre los ingresos de las familias afectadas, perjudicando especialmente a aquellas personas de bajos recursos
por reproducir y profundizar su vulnerabilidad frente a los riesgos del mercado de trabajo.

En este contexto, es necesario implementar acciones orientadas a capitalizar estos sectores atrapados por la informalidad laboral por medio de políticas que fomenten el acceso al crédito o la registración laboral. Para ello, es imperioso reconstruir un esquema de movilidad social que logre la inclusión de estos sectores.

La desigualdad social constituye un cuarto desafío a resolver. Las políticas aplicadas en la última década nos han dejado la enseñanza de que el núcleo del problema está en la desigualdad en la medida en que las políticas actuales han reducido la pobreza y la indigencia pero no han achicado la brecha entre los más ricos y los más pobres. En la década de los años 70, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 9,5 a 1. Actualmente, la diferencia es de 25 a 1, lo que da lugar a una sensación de privacidad
relativa que, a su vez, genera una importante desigualdad social entre los habitantes. Esta brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales es fuente de tensión
y de violencia dado que opera sobre el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la inclusión laboral de las personas.

La desigualdad resulta un factor relevante dado que permite comprender la fragmentación que atraviesa la sociedad. Además, configura las formas de relacionarse dentro de la propia comunidad y la disparidad en el acceso a bienes y servicios básicos para la subsistencia.
Consolida, a su vez, los modos de reproducción de las familias, diferenciando en cuanto a la inserción laboral de varones y mujeres, y el acceso y la calidad de educación de los niños y adolescentes.

Finalmente, nos encontramos con una última deuda social aún no saldada: la de los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Dada su imposibilidad para encontrar un espacio de progreso en esta sociedad imposibilidad para encontrar un espacio de progreso
en esta sociedad, es necesario elaborar nuevas estrategias de abordaje para esta problemática que atraviesa trasversalmente los diferentes problemas sociales argentinos. Los diagnósticos coinciden en que la problemática juvenil ocupa el centro de la cuestión social en la región ya que pone en tela de juicio la capacidad de la sociedad para garantizar cohesión y reproducir la fuerza de trabajo. Esto se explica a partir de variables tales como el abandono escolar, el trabajo precario, la desocupación e inactividad, la violencia urbana y las adicciones.

Esta situación complejiza las formas de abordar las dificultades que viven los jóvenes pertenecientes a los sectores populares urbanos. Se observa una marcada deficiencia
en cuanto al grado de cobertura de los programas existentes, los recursos a ellos destinados y los diseños programáticos utilizados. Para lograr revertir esta situación es necesario acompañar las transferencias condicionadas de ingresos con políticas que generen capital social, redes comunitarias y que fomenten el seguimiento de los jóvenes a través de sistemas de tutorías.

 

DANIEL ARROYO es licenciado en Ciencia Política. Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.