Cristina Fernandez de él, acaba de anunciar en el Congreso que se implementará para el agro un Seguro multiriesgo OBLIGATORIO. Esto significará que independientemente de la voluntad del productor se realizará una quita adicional compulsiva sobre el precio, para conformar un fondo que administrará el Estado; mejor dicho “el gobierno”; mejor dicho los funcionarios del partido gobernante (Etchegaray, Moreno, etc.)
La Presidenta argumentó que la "Obligatoriedad" del seguro es la misma que soportan automovilistas, colectiveros, kiosqueros, empresarios entre otros. Este falaz argumento para consumo de la propia tropa constituye una vulgar mentira. En ninguno de los casos enunciados es "obligatorio el seguro contra todo riesgo" (lo que en esta oportunidad y en una nueva legislación discriminatoria se impone al agro).
En el caso de los automovilistas, sólo es obligatorio el seguro por responsabilidad civil (indemnización debida a terceros para casos de daño culposo), situación jurídica que ya alcanza a todos los argentinos, incluyendo los productores, y que en un contexto de igualdad ante la ley no necesitan normativas adicionales.
No es lo mismo un seguro por responsabilidad civil por perjuicios a terceros (que cubre el daño emergente a terceros) que un seguro contra todo riesgo (que cubra el lucro cesante propio).
En el caso particular del agro, estas contingencias negativas, estarían más que cubiertas con sólo eliminar las retenciones y abrir las exportaciones, las cuales equivalen en el caso de la soja a una sequía con daño total cada tres años y en el del trigo y el maíz a una sequía con daño total cada dos años.
Cabe preguntarse, quizá como consuelo: ¿Quien cobrará y en qué porcentaje en caso de hacerse realidad el siniestro?
De acuerdo al protocolo implícito de administración Kirchnerista que hemos observado en múltiples circunstancias (otorgamiento de fondos para Gobernadores e Intendentes, subsidios a empresas y ONGs, segmentación vía devolución de retenciones para pequeños productores) podemos adelantar lo siguiente:
El beneficio será otorgado de manera discrecional. Cobrarán, siempre que “Gobierno” no decida apropiarse de los fondos para otros fines, aquellos que el Poder Ejecutivo resuelva que tengan que cobrar y en el monto que considere conveniente.
Tendrán prioridad los amigos y circunstanciales aliados.
En segundo lugar se privilegiará a aquellos que acepten ser "clientelizados" y muestren "buena conducta". Este punto es el más grave y perjudicial para la República de la medida.
Será condición sine qua non contar con la estructura jurídica contable (inalcanzable para pequeños productores no clientelizados) para soportar el costo y el riesgo de un trámite tan engorroso como justificar el “gap” entre el daño emergente y el lucro cesante frente a la burocracia gobernante (sostenida con estos mismos fondos previamente confiscados) que “va por todo” al decir de la misma Presidente en el acto de la Bandera en Rosario.
Podrán “evitarse inconvenientes y negativas” recurriendo a gestores, intermediarios y consultores oficiales y oficiosos (contacto) que se multiplican exponencialmente en estas circunstancias a cambio de un porcentaje del premio.
La siguiente nota pertenece a Gabriel Venica, abogado, autoconvocado, su actividad se centra en la siembra de precisión y dicta la currícula “Canales y logística” en la UADE
