Aunque ninguno de estos problemas siquiera había sido mencionado durante la campaña electoral, el gobierno de CFK se ocupó sucesivamente de contener la fuerte demanda de divisas y la fuga de capitales, así como de comenzar a reducir la enorme bola de nieve de subsidios estatales (4% del PBI) en las tarifas energéticas. También mantuvo un encuentro clave con Barack Obama, con el no declarado propósito de despejar obstáculos en las relaciones con los Estados Unidos, el FMI y el Club de París. Y, adicionalmente, emitió señales para rechazar el pase de facturas sindicales en el aún irresuelto conflicto político de Aerolíneas Argentinas.

Si estos diagnósticos resultaron correctos, no puede decirse lo mismo de los tratamientos utilizados ni de su secuencia. No por casualidad muchos economistas independientes hablan de mala praxis y utilizan vocabulario médico para graficar cómo de un problema se pueden crear otros aún más agudos.

La fuga de capitales, que en octubre habría alcanzado la cifra récord de US$ 3700 millones, obedecía a un factor de desconfianza en la política económica postelectoral. Y la respuesta del Gobierno fue atacarla provocando aún más desconfianza. Los generalizados controles de la AFIP instalaron innecesariamente una sensación de crisis cambiaria que agregó más tensión, cuando se podría haber recurrido a instrumentos de mercado a través del régimen de flotación y un stock de reservas más que suficiente para revertirla. El activismo oficial, vía Guillermo Moreno y sus aprietes telefónicos a empresas e importadores, llegó además a extremos grotescos en medio de teorías conspirativas oficiales. Todo apuntó a bajar la fiebre del día siguiente, a costa de tornar más incierto el mediano plazo.

La calma que en los últimos días mostraron tanto el mercado oficial como el paralelo de cambios tiene mucho de efecto anestésico, aunque a un costo elevado. Se desaceleró la demanda de divisas debido a los controles, oficiales y oficiosos; pero también se contrajo la oferta espontánea, por la misma razón. Sin embargo, se mantienen el drenaje de reservas (aunque a menor ritmo) y las tasas de interés en niveles récord para toda la era kirchnerista. Esto permite a los bancos recuperar tímidamente depósitos en pesos, aunque a expensas de enfriar el crédito, el consumo y la actividad, más allá de las apelaciones oficiales a bajar el costo de financiamiento. Además, el no pago de importaciones forzado por Moreno amenaza con comprometer la futura prefinanciación de compras externas, sin que ello evite la merma de reservas, ya que los bancos igual deben hacerse cargo de esas obligaciones.

Aun así, entre los banqueros privados predomina cierta sensación de alivio. Ya tuvieron varias reuniones codo a codo con Amado Boudou y Mercedes Marcó del Pont a fin de suturar algunos daños colaterales de los nuevos controles. Muchos creen, además, que esta cooperación los coloca fuera del rol de villanos que se les asigna en otras áreas del universo kirchnerista.

Por lo pronto, este diálogo permitió flexibilizar normas para que pudieran atender todos los retiros de depósitos en dólares y la venta de divisas a quienes obtengan créditos hipotecarios. Algunas versiones indican además que la AFIP podría validar compras a quienes tengan fondos declarados y no hayan adquirido montos significativos en el último año. No sería el caso de los monotributistas, a los cuales el organismo fiscal impuso un virtual cerrojo, a costa de derivarlos al mercado paralelo y transmitir más desconfianza.

De todos modos, diciembre se perfila como un mes complicado: el Banco Central debe girar al Tesoro unos US$ 2500 millones para atender el pago de Boden y emitir más pesos para financiar el mayor déficit fiscal de fin de año. La estrategia sería entonces "jibarizar" el mercado oficial: contraer la demanda vía controles y forzar la oferta con la liquidación obligatoria de exportaciones petroleras y mineras, más la repatriación sin encaje de las inversiones externas de aseguradoras locales. Todo para pasar el verano, a la espera de los ingresos salvadores del complejo sojero.

Plebiscito caso por caso

Si el Gobierno pretendía dar la señal de que no licuaría con una mayor devaluación el imparable aumento del gasto público, debería haber dado prioridad -antes que a los controles de la AFIP- a los previsibles anuncios de reducción de subsidios estatales.

Aquí, el verano también promete ser movido para millones de usuarios residenciales de electricidad y gas natural, especialmente de clase media, en el área metropolitana. Por primera vez serán involuntarios protagonistas de un virtual plebiscito para decidir, caso por caso, si renuncian "voluntariamente" a esos subsidios a cambio de multiplicar entre dos y cinco veces el monto de sus facturas. Claro que si optan por mantenerlos por insuficiente capacidad económica, también serán investigados por la AFIP y hasta podrían recibir la visita de asistentes sociales para corroborarlo, lo cual lo convierte en un sistema kafkiano. No habría, en cambio, opción para pedir una reducción gradual en tres o cuatro años, que sería razonable por el hecho de que nadie los consultó en los últimos ocho años, cuando los subsidios se aplicaron indiscriminadamente y crecieron sin pausa por exclusiva decisión oficial.

Con este insólito tratamiento individual, antítesis de una política pública, el Gobierno endosa a los consumidores el costo político de una decisión que vino dilatando durante años, hasta que los subsidios se hicieron fiscalmente insostenibles. Si aplicara el mismo criterio, también podría consultar -aunque difícilmente lo haga- a los televidentes del Fútbol para Todos o a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas, por citar sólo dos casos cuyos ingresos no cubren los costos reales.

Aun así, quienes voten por declaración jurada tampoco disponen por ahora de pistas concretas: sigue siendo una incógnita la política económica para 2012, al igual que quiénes y cómo habrán de manejarla a partir del 10 de diciembre. También si el Gobierno sincerará o no la inflación de dos dígitos, camuflada por el Indec, y si decidirá administrarla artificialmente con más controles, bajarla genuinamente o a través de un plan articulado que complemente el Pacto Social que se garabatea para reducir la indexación de la economía.

Tras el encuentro entre Cristina y Obama, hay quienes aseguran que el Gobierno podría volver a escudarse en la asistencia del FMI para reactivar el índice de precios minoristas de alcance nacional, establecer una suerte de borrón y cuenta nueva con la inflación y llegar al demorado acuerdo con el Club de París para recuperar financiamiento a largo plazo de proyectos de inversión. Nadie lo niega ni lo confirma en los despachos oficiales. Tal vez porque, con el actual mix de ortodoxia disfrazada y heterodoxia discrecional, nadie tampoco está demasiado seguro sobre si CFK lanzará finalmente esa moneda al aire.