En los últimos siete días, esa enfermedad social, propia de un país crispado y atrapado en un falso debate ideológico que encubre otras ambiciones, volvió a emerger. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el juez Alejandro Catania y el Poder Ejecutivo, pero también los familiares de militares y policías que, desde la derecha,protestaron contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fueron carcomidos por ese vicio:

Es intolerante el Gobierno cuando castiga con falta de publicidad a los periódicos y canales que no adhieren a la línea oficial. En 2010, la Corte condenó al Poder Ejecutivo a darle publicidad oficial a Editorial Perfil, pero nunca cumplió: Télam sólo le entregó ocho avisos muy pequeños, por lo cual la empresa evalúa denunciar hoy mismo al Gobierno, para pedirle al juez que le aplique una multa.

El Poder Ejecutivo hizo de la discriminación a los medios una política: Tiempo Argentino y Página 12 se beneficiaron con el 42% de toda la pauta entregada a los diarios capitalinos durante los primeros cinco meses del año, mientras que Canal 9 y Telefé se llevaron, respectivamente, el 47 y el 28% de la torta entregada a los canales de aire. Canal Trece se queda, apenas, con 0,5 por ciento.

Tal vez, también Moreno obró con esa miopía cívica cuando sancionó a las consultoras económicas por difundir índices de inflación ajustados a la realidad o cuando denunció una irreal maniobra en la que serían cómplices consultoras, bancos y medios para transmitir aquellos índices, con el objeto de engañar a la sociedad.

Para peor, Moreno se valió del juez Alejandro Catania para pedir que se cite a periodistas. Las casualidades no existen. Fue también Moreno quien, hace tres días, presionó al juez comercial Fernando Durao, durante una audiencia judicial, para que suspendiera varias asambleas de accionistas de Papel Prensa.

Como la Justicia no suspendió esas asambleas de accionistas, el Estado decidió no concurrir a la primera de las dos reuniones sociales convocadas para anteayer. Entonces, en la votación el Estado salió derrotado. Pero el Gobierno no acepta derrotas y, por más que las votaciones se hagan conforme lo ordenan las leyes y los jueces, buscó instalar una versión irreal: los diarios están echando a los representantes del Estado del seno de Papel Prensa. No es cierto, pero el Gobierno, socio minoritario de la empresa, pretende colocarse por encima de las leyes que les exige a todas las empresas.

Pero fueron también muy intolerantes los integrantes de la Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos al reclamar que se respeten las garantías procesales de sus familiares -militares y policías enjuiciados por gravísimas violaciones de los derechos humanos-, que escracharon a Lorenzetti durante un acto en la Facultad de Derecho.

El titular de la Corte, con un discurso apropiado para un juez pero usando un tono enérgico, propio de un político avezado, ratificó que esos juicios no tienen marcha atrás y aseguró que rige el Estado de Derecho. El país dio un paso judicial y cultural adelante, del que no se puede regresar.

Ninguna razón puede justificar que desde la derecha o desde la izquierda se intente silenciar al otro. Pero los familiares resultaron aún más intolerantes cuando, sin recordar que viven bajo un régimen constitucional, reivindicaron la guerra sucia,

El país, así, se aleja cada vez más del verdadero pluralismo.