Mas adelante llegará el momento de reclamar y proponer las llamadas políticas de estado dentro de un gran acuerdo para asegurar la gobernabilidad a partir del 10 de diciembre próximo. El presente es un programa mínimo para dejar de conversar sobre los grandes temas, mientras la historia real pasa a nuestro lado sin mirarnos.

Esta agenda mínima debe contener siete puntos: 

  1. Retrotraer  las funciones que tenía  la ex –ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) cuando se creó en el año 1996,  derogando todos los ROE (Registros Operaciones de Exportación)que interfieren la libre comercialización y exportación a la producción, tal  como lo dispone el dictamen de mayoría de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.
  2. Ejecutar una  política  transitoria, hasta que se eliminen los derechos de exportación. Mientras las retenciones permanezcan vigentes se utilizarán como pago a cuenta de impuestos nacionales y provinciales. Para quienes no tengan el compromiso fiscal que pagar en el ciclo que se genero  este bono fiscal, el estado tendrá que restituirle dicho saldo en forma inmediata como la mejor forma de ser ecuánime  con todos los productores y zonas del país en el tratamiento impositivo. Aunque parezca una simpleza la propuesta de los dos puntos anteriores fue con estos dos instrumentos que el gobierno castigó a los productores por medio de   la expropiación de la renta y  la implementación de subsidios cruzados. Con este sistema terminó castigando también a los consumidores a quienes decía defender, distorsionó los precios relativos y generó una corrupción estructural que alcanza niveles intolerable.
  3. Legislar un incentivo fiscal al mayor uso de fertilizantes a fin de hacer sostenible el modelo productivo. El aumento de  la productividad no es antagónico con una buena rotación de cultivos y el cuidado del medio ambiente.
  4. Sancionar  un nuevo proyecto de ley  sobre el  régimen federal de usos de  productos fitosanitarios, a fin de actualizarlo a las demandas sobre la seguridad alimentaria y el cuidado del  medio ambiente.
  5. Promover  políticas que aseguren el reintegro a  la propiedad intelectual    de los semilleros. No se trata de acciones de lobby en defensa de nadie sino de poner a nuestro país al mismo nivel de la legislación del MERCOSUR.  
  6. Establecer una legislación cuyo objetivo sea cubrir riesgos agrícolas y comerciales,  a fin de incentivar el uso del  seguro privado y  la  creación  de un fondo permanente anti cíclico, para atender los fenómenos climáticos no previsibles.
  7. Modificar la actual ley de Warrant vigente desde el año 1912, porque necesitamos  adaptarla  alnuevo  y más moderno sistemas de producción, comercialización y financiación.   

Esta  agenda mínima es la que necesita urgente el productor para bajar sus costos de  financiamiento y mejorar su productividad.  Esta agenda debe completarse con  políticas sociales que  atiendan  especialmente al pequeño productor y un  subsidio a la demanda de los  que menos tiene por medio de una tarjeta magnética universal.

El párrafo anterior no es un principio teórico: es el camino que eligieron los países más exitosos en los que existe el más alto nivel de vida para sus habitantes. Esto es lo que están alcanzando, por ejemplo, los miembros de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): simultáneo desarrollo económico y alto nivel de integración social.

Todos los debates ideológicos terminan cuando los que tienen menos viven cada día mejor.

Esta debe ser la agenda mínima, no negociable, para sostener en forma permanente por la Comisión de Enlace. Este fue el mandato –y no otro- que recibió hace tres años desde el fondo de los campos en los memorables días de la 125.

El siguiente artículo fue elaborado por Arturo Navarro: Consultor.  Director de Área Agroindustria de Carta Política