Los hombres de negocios que se dieron cita ayer en el primer remate de soja de 2011, y que movilizarán este año unos US$ 30.000 millones , suspiraron primero de alivio al escuchar al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, negar enfáticamente que el Estado vaya a intervenir directamente en el mercado de los granos. Pero de inmediato volvieron a tragar saliva. Fue cuando el funcionario confirmó que sí se piensa en dar mayor participación a las cooperativas agrícolas.
“Vengo a despejar fantasmas. No vamos a estatizar el comercio de granos ”, señaló Domínguez al participar en la Bolsa de Comercio de Rosario del remate simbólico con que arranca la comercialización de soja. Pero de inmediato aclaró que se estudian cambios en la regulación para “priorizar el capitalismo nacional”. El objetivo de estas reformas, según el ministro, será que “cooperativas, productores y acopiadores participen más activamente en la renta que genera el comercio exterior de granos”.
Así, el titular de Agricultura avaló la versión de que el Ejecutivo estudia otorgar a las cooperativas agrícolas una mayor porción de los permisos de exportación (ROE), que hoy administra de modo antojadizo el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sería en detrimento de la posición dominante que desde la desaparición de la Junta Nacional de Granos, en 1991, ostentan multinacionales de la talla de Cargill, Bunge, Dreyfus y ADM, entre otras.
Hoy las cooperativas que exportan son dos: ACA y AFA, la primera vinculada a Coninagro, la segunda a Federación Agraria. Según versiones, el proyecto oficial pretendería cederle hasta 30% de los embarques agrícolas , cuando en 2010 participaron de apenas 5% del negocio de exportación. Otra variante, sin embargo, podría ser reservarles el aprovisionamiento al mercado doméstico del 20% de la cosecha que no se exporta.
Domínguez no dio precisiones, pero adelantó que la idea es “generar las condiciones normativas fiscales que impulsen el asociativismo de capital nacional para que puedan ser exportadores directos”. Y añadió: “El país no puede depender de las exportadoras extranjeras, que se quedan con toda la renta del comercio internacional de granos”. Una exageración, ya que por las retenciones es el propio Estado el mayor beneficiario del dinero que ingresa con cada cosecha.
Un rato antes, el presidente de la Bolsa de Rosario, Cristián Amuchástegui, había pedido todo lo contrario: que se libere de cupos el mercado de exportación de trigo y maíz, “evitando favorecer a sectores en detrimento de otros que cumplen similares funciones”.

China demora algunas compras de soja

Un rumor corrió ayer por el mercado internacional de granos y despertó temor entre los operadores. Decía que China, la gran aspiradora mundial de soja, había comenzado a cancelar algunas compras y hasta pretendía vender parte de sus reservas de la oleaginosa para forzar una rebaja de los altos precios actuales del cultivo, en torno a los US$500 por tonelada.

Al dar cuenta de la versión, la agencia Reuters informó que compradores chinos habían cancelado no menos de tres cargamentos de soja y negociaban con sus proveedores aplazar otros embarques.

“Las decisiones de los compradores de China responden a unos márgenes pobres y al plan de Pekín para liberar reservas estatales a fin de contrarrestar la inflación de los alimentos”, señaló Reuters, citando fuentes del mercado, temerosas porque si China disminuye sus importaciones podría caer el precio del cultivo en Chicago. Ayer, sin embargo, la soja cerró allí a 491 dólares, con una suba de 0,62%.

Si bien las importaciones canceladas suman entre 150.000 y 180.000 toneladas, representan una pequeña porción de las compras mensuales de China, que oscilan entre 3 y 5 millones de toneladas. Por eso el mercado todavía no reaccionó negativamente a la novedad.

Pero la situación podría empeorar. “Prevemos que haya más cargamentos sudamericanos aplazados a septiembre y después debido a los pobres márgenes de procesamiento”, dijo un operador con sede en Singapur a la agencia Reuters.