El conflicto gremial que impidió la distribución del diario Clarín y afectó también a LA NACION en la madrugada del pasado domingo trae a la memoria la estrategia utilizada por el primer peronismo para eliminar al diario La Prensa, su más intransigente censor.

Sucedió en 1951, año en que Perón aspiraba a ser reelegido en los comicios de noviembre y en momentos en que tenía lugar la huelga de los ferroviarios que ponía en riesgo la "armonía social" que se suponía garantizada por su gobierno.

Hasta entonces, los medios independientes habían sufrido restricciones oficiales al suministro de papel, inspecciones impositivas, limitaciones de la distribución y ataques verbales.

Pero en enero de ese año, el gremio de los canillitas fue más allá y, con el pretexto de una serie de exigencias desmesuradas, impidió mediante piquetes que el diario se repartiera.

Cuando los trabajadores del medio gráfico reaccionaron e intentaron volver al trabajo, hubo una agresión a balazos, un muerto y varios heridos. Semanas después, el diario era intervenido y su director, Gainza Paz, se exiliaba en el Uruguay para evitar la cárcel.

Después, vino la ley de expropiación, auspiciada por la CGT, que pretendía, con apoyo oficial, ampliar sus espacios de poder.
En el debate en las cámaras, la oposición radical, por boca de Frondizi, defendió la libertad de prensa como base del sistema republicano, mientras el diputado John William Cooke justificó el proyecto: la prédica del diario minaba las bases de la nacionalidad; expropiarlo era un acto revolucionario. La Prensa, transferida a la CGT, volvió a editarse después de las elecciones.

Este pase de un medio independiente a manos oficialistas, instancia decisiva en la formación de un monopolio estatal de los medios de comunicación, concretado en la segunda presidencia del general Perón, no es una historia que pueda enorgullecer a nadie. Por eso se la suele pasar por alto.

No obstante, vale la pena recordarla cuando en la víspera de una elección decisiva se aplica todo el poder del Estado para dirigir la comunicación: programas de televisión pública, pagados con el dinero de los contribuyentes, que aplican sistemáticamente el desprecio del pensamiento ajeno; ataques personalizados a los medios independientes; inspecciones impositivas; restricciones en la publicidad oficial; proceso judicial como en el caso de Papel Prensa.

En cierto modo, quien recientemente definió el alcance de los medios para orientar a la opinión pública en forma positiva es la gobernadora electa de Catamarca, la doctora Lucía Corpacci, al acusar a la corporación mediática de participar en el esclarecimiento del crimen de María Soledad Morales, que hace veinte años conmovió a su provincia y al país.

Pretender uniformar a la opinión pública es la estrategia que acompaña invariablemente los autoritarismos.

Este año en que las sociedades de los países árabes, desafiando largas dictaduras, se movilizan apelando a las más modernas tecnologías, lo que estamos presenciando en la Argentina parece un película en blanco y negro, algo anacrónico, un paso atrás en la reconstrucción de la convivencia republicana y democrática reanudada en diciembre de 1983.

La autora es historiadora y directora de la revista Todo es historia