Se trata de un nuevo ataque a la libertad de prensa de parte de grupos violentos, que bajo la protección cada vez más clara del oficialismo someten la vigencia de nuestra democracia a una grave prueba.

Esto es así, en tanto se trata de la libertad en la que se asientan principios y valores fundamentales del constitucionalismo. Ella tiene que ver tanto con la posibilidad individual de comunicar libremente las ideas, como asimismo con una dimensión colectiva, que apunta al adecuado control de la actividad de los gobernantes.

Así observamos que su violación afecta tanto a la primera parte de la Constitución, que se ocupa de los derechos humanos, como a la segunda, que organiza al poder, que por esencia debe ser limitado.

Sin medios de comunicación plurales que expresen a las diferentes vertientes de opinión no es posible alcanzar ni lo uno ni lo otro.

Esto es, conseguir que las cláusulas contempladas en la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional rijan de manera efectiva, pues no se garantiza la expresión de las ideas a quienes disienten con el gobierno de turno y éste tiende de manera paralela a descontrolarse y, por ende, a aumentar sus prerrogativas hasta destruir los más elementales contenidos de la democracia.

Esto es aún más grave cuando quienes se erigen en los enemigos de la democracia encuentran la complicidad de quienes deben hacer lo necesario para garantizarnos a todos el pleno ejercicio de nuestros derechos. Es más, el Poder Ejecutivo no cumple con las órdenes emanadas de las sentencias de los jueces de la democracia. Se trata de un derrotero que ya por repetido nos resulta trillado relatar, pero que lo hacemos en la medida en que deseamos que cese este estado de cosas tan dañino que nos retrotrae a los momentos más tristes de nuestra agitada historia institucional.

Cuesta creer que esto tenga lugar prácticamente en el mismo momento en que recordamos un nuevo aniversario de la dictadura más cruel que debimos soportar. Hoy el Estado de Derecho en la Argentina ve seriamente atacada su continuidad.
La intolerancia, la amenaza extorsiva, el uso anárquico de la fuerza, el no respeto a las decisiones de los magistrados de la República deben cesar.

Debemos tomar conciencia de que esta situación, lejos de beneficiarnos, nos lleva a momentos de nuestra historia de los que pudimos emerger entonando los contenidos del preámbulo de nuestra ley fundamental que hablan de asegurar los beneficios de nuestra libertad como corolario básico derivado de la unión nacional, del afianzamiento de la Justicia entre los restantes objetivos a los que tiende nuestro pacto social.

Si aceptamos como normales prácticas que, como las que comentamos, las contradicen substancialmente, nos iremos sumergiendo cada vez más en un sistema al que de democrático sólo le quedará el nombre.

El autor es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires