Ahora que el arbitrario secretario de Comercio Interior amplió su radio de acción, al anunciar exorbitantes multas a una decena de consultoras económicas que contradicen los inverosímiles datos inflacionarios del Indec, abrió una veta de alcances insospechados. Cualquier economista -o periodista, o medio que elabore o difunda este tipo de datos- podría ser sancionado o silenciado por "información engañosa", por más que este cargo debería corresponderle al propio Indec.

No se trata, sin duda, de otra excentricidad del funcionario. Si Moreno no tuviera el respaldo político de Cristina Kirchner, habría corrido la misma suerte del titular de la Biblioteca Nacional, quien, después de presionar a los organizadores de la Feria del Libro para desacreditar la próxima visita de Mario Vargas Llosa, recibió la orden presidencial de rectificarse. Más bien, habrá que convenir que las multas son un eslabón más del intervencionismo con el cual el gobierno maneja una política económica proinflacionaria y trata a toda costa de ocultar sus efectos. En definitiva, los economistas independientes conspiran contra ese mundo oficialista ideal, según el cual los sectores más pobres -incluidos los jubilados- no se perjudican con una de las tasas de inflación más altas del mundo; compran habitualmente en el Mercado Central, aunque vivan a decenas de kilómetros y consiguen ofertas (tipo "milanesas para todos") a precios imposibles de encontrar por la clase media de todo el país. Mejor, entonces, matar al mensajero que afrontar el alto costo político de sanear al Indec, como lo admitió el propio ministro Amado Boudou según WikiLeaks.

La nota discordante en este cuadro es que la mayoría de los consultores se apresta a recurrir a la Justicia, aun cuando la causa que maneja el juez Canicoba Corral sobre irregularidades en el Indec lleva cuatro años sin avances.

En esto se diferencian de la gran mayoría de las empresas sometidas a controles y que -por temor, o por conveniencia en medio de una vorágine de consumo- accedieron hace tiempo a negociar con Moreno, salvo contadísimas excepciones. Quienes adscriben a esta pragmática teoría del mal menor reconocen en privado que el funcionario nunca actuó en beneficio propio a pesar del poder que detenta, y que, al margen de sus malos modales y posiciones militantes, creó un extravagante sistema personalizado de controles que, por lo general, aprieta pero no ahorca y evita casos graves de desabastecimiento, aunque no enormes desequilibrios en la estructura de precios.

Distorsiones y rarezas

La clave del método Moreno ha sido dividir los productos básicos de la canasta familiar en tres segmentos: masivos, intermedios y premium , para los cuales autoriza aumentos diferenciados en forma inversa a su gravitación en el IPC. Ultimamente, esos ajustes se ubican en franjas de 8% anual; hasta 15% y más de 15%, respectivamente. Para reforzar este esquema, obliga a las grandes cadenas de supermercados a no aplicarlos sin previa autorización escrita de la SCI.
Claramente este mecanismo es incompatible con una inflación baja. Más aún si se tiene en cuenta que excluye a un amplio universo de bienes, insumos y servicios y que buena parte de los sectores regulados le ha encontrado la vuelta para saltar de una categoría a otra. Pero, además, ha extendido la diferenciación de precios a diversos envases y presentaciones, que rompe la regla de que a mayor cantidad, menor precio.

No es extraño descubrir hoy en las góndolas -como lo demuestra el seguimiento de precios que se realiza periódicamente desde esta columna- que comprar dos paquetes de medio kilo de café de primera marca (15,99 pesos cada uno) resulta 12% más barato que un kilo ($ 35,99). O que es preferible adquirir dos envases con 70 servilletas de papel ($ 3,35 cada uno) que uno de 140 ($ 8,55), ya que éste implicaría un gasto 27% superior. Un detergente en gel, que en su envase de 300 mililitros cuesta $ 4,50, se eleva a $ 12,60 si se elige el de doble cantidad (600 ml), con un alza proporcional de 40 por ciento. A su vez, existe una brecha de 25% entre variedades similares de una misma marca de fideos guiseros (de $ 5,10 a 6,39).
Estas rarezas, que no siempre son advertidas por consumidores desprevenidos, también se observan en distintas líneas de un mismo producto. Resulta curioso que el precio de una gaseosa de primera marca haya bajado 0,7% (de 6,84 a 6,70 pesos la botella de litro y medio) entre diciembre último y este mes de marzo; pero más que su variedad light aumentara nada menos que 23,5% (de 5,99 a 7,40 pesos), con una brecha entre ambas de 10,4%. Con respecto a hace un año, los incrementos acumulados ascienden a 24,5 y 49,4%, respectivamente. Otro tanto ocurre en los productos lácteos: mientras la leche común en sachet subió 8% en los últimos doce meses, algunas variedades de quesos aumentaron 47%, y la leche en cartón para bebes, 54 por ciento.

En voz baja, los industriales se quejan a dos puntas: en las marcas líderes, porque los controles reducen sus márgenes en las líneas de mayor venta; en las segundas marcas, porque ese techo de precios les dificulta competir. También argumentan que el margen que sacrifican suele ser capitalizado por los canales de comercialización, donde hay más volatilidad de precios.
Además, resulta cada vez más difícil medir el precio final de un producto. En las grandes cadenas de supermercados, abundan las promociones para estimular las ventas (descuentos por pago con tarjeta en determinados días; rebajas en un segundo producto; cupones para nuevas compras; etcétera). Pero tanto supermercadistas como banqueros comienzan a reconocer que, con una inflación más alta y competencia generalizada con los descuentos, esta estrategia resulta cada vez menos rentable y sólo sirve para no perder participación en el mercado, la cual no creció en los últimos años en el total de ventas de productos de consumo masivo (33%). A su vez, un estudio de la consultora Abeceb.com revela que el ticket promedio de compra en supermercados superó en diciembre de 2010 por primera vez los 100 pesos, con una suba de 28,9% respecto de 2009 (cuando había aumentado otro 26%). Si bien este indicador registra el mayor consumo, también muestra que la capacidad de compra se redujo 22% en los últimos dos años si se lo compara con el salario promedio, con fuertes disparidades entre las provincias.

Aunque por razones estacionales la inflación mensual fue más moderada en febrero que en enero, nadie puede creer que el Indec haya registrado una suba de apenas 10% en los últimos 12 meses. Sin ser estrictamente comparable, el precio total de la modesta muestra de 30 productos que sigue esta columna (en la misma sucursal de una cadena líder de supermercados) trepó en ese lapso de 396 a 524 pesos, con una suba de 32%. Otra razón más para pensar que la mayor obsesión de Moreno está más en los índices que en los precios.