La creciente tensión entre el Gobierno y las entidades gremiales y empresarias del agro, debido al controvertido tema de las condiciones en que desarrollan su labor los peones rurales, llegó ayer a su pico cuando representantes de la Mesa de Enlace abandonaron la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), donde el Ejecutivo impuso nuevas reglas para el trabajo temporario o “golondrina”.

A su vez, el titular de la UATRE, Gerónimo Venegas, denunció una “persecución política” en contra del gremio de los trabajadores rurales y el RENATRE, el registro nacional que administra en conjunto con las entidades agropecuarias. Venegas advirtió que llevará esta denuncia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un marco donde además la AFIP lanzó decenas de inspectores en búsqueda de supuesto “trabajo esclavo” en el medio rural, ayer la CNTA mantuvo su reunión mensual. El Gobierno quiso discutir allí el anteproyecto para regular las condiciones de trabajo temporario que había presentado el pasado 22 de febrero. Pero las cuatro entidades y el gremio solicitaron una prórroga hasta el 12 de abril.

Todo terminó mal cuando los representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Agricultura se negaron a extender los plazos y propusieron votar los cambios ayer mismo. Como los privados tienen tres votos (dos por las patronales y uno por la UATRE), en ese caso desempataría el titular de la Comisión y representante de la cartera laboral. Por eso, la Mesa de Enlace decidió retirar a sus enviados .

“Las entidades entienden absolutamente imprescindible el dictado de una norma regulatoria y en ningún momento se negaron a su tratamiento. Se solicito la prórroga a efectos de lograr un criterio uniforme entre las diferentes economías regionales”, explicaría luego el bloque agropecuario en un comunicado. También señaló que el sector “intentó aportar al proyecto diferentes observaciones, pero ello fue rechazado por Trabajo”. Voceros de esa cartera, sin embargo, desmintieron anoche que ese episodio haya sucedido.

La ofensiva oficial incluye también un intento en el Congreso para disolver el RENATRE, un ente creado por ley para combatir la informalidad laboral en el sector, que administran el gremio y las entidades rurales. El martes, el diario oficialista Tiempo Argentino denunció que “Venegas y la Mesa de Enlace manejan 100 millones de pesos sin control”. Eso fue lo que motivó la reacción del sindicalista y sus denuncias sobre una persecución política.