A mediados de febrero, la AFIP envió a diversos productores de distintas zonas productivas una carta en la que se les informaba haber detectado predios rurales sembrados con soja durante la presente campaña –de su propiedad o arrendados- y, en consecuencia, les exigían que enviaran “con una antelación no menor a 48 horas y en forma fehaciente” los siguientes datos:

*Fecha y hora en que se realizará la cosecha de la superficie sembrada.
*Duración aproximada de la recolección, indicando día de inicio y finalización
*Cantidad de hectáreas sembradas
*Datos de localización de cada predio (número de partida, latitud y longitud y/o datos que permitan localización efectiva del predio como rutas y caminos).
*N° de teléfono de contacto y datos identificatorios de la persona responsable de la firma encargada de la cosecha (titular, socio, encargado, etc.).
*Si utiliza maquinaria propia o de terceros, informando en este último caso la Razón Social o Nombre y Apellido y CUIT del prestador del servicio de cosecha.

“Buscan amedrentar a diversos actores. Piden una serie de datos incongruentes, es muy difícil establecer con anticipación el momento de cosecha, por factores ajenos al contratista:  
sólo se puede establecer un período aproximado, más en un año como este cuando hay un fuerte escalonamiento de la siembra, por los efectos del clima”, expresó un actor del mercado granario que pidió preservar su identidad.

Otra fuente consultada afirmó desconocer el sentido de esta solicitud. “Pueden pedir cualquier información, pero eso de avisar con una antelación no menor a 48 horas la fecha y hora en que va a comenzar la cosecha, es un requerimiento que -si bien tienen las facultades para hacerlo- no le vemos el sentido”.

“Creemos que en última instancia no agrega nada, la información que piden se puede mandar y no hay ningún problema en hacerlo, pero lo que es importante es que la carta es amenazadora, porque amenaza con aplicar una serie de sanciones de los artículos de la ley de Procedimiento, lo cual no sería tan malo; lo que es grave de la amenaza es la exclusión del registro de operadores fiscales, por incumplimiento de información”.  Además, precisó: “No sabemos si uno manda esa información, y luego por algún motivo no puedo cumplir lo expuesto, qué penalidad puede haber”.

“Con esta sanción no podés operar porque te deja al margen de la ley y, por tanto, al margen de la cadena comercial”, indicó la primera fuente. “Es incoherente, un absurdo. Quieren manejar las cosas desde el escritorio, no tienen idea de cómo funciona la cadena comercial, este mercado es muy particular, no se trata de tornillos”, opinó y destacó que jamás vio una solicitud así.

Ambas personas consultadas coincidieron en recomendar que los productores lo cumplan: “Para qué no cumplirlo y crearse un problema de algo que, en última instancia, no puede generar ningún inconveniente. Después, si la información resulta inexacta por cualquier situación, no pasa absolutamente nada”. No obstante, catalogaron a la acción como “una actitud desmedida a la que no le encontramos el sentido práctico”  

Sobre esto, la segunda fuente recordó: “En última instancia lo que tiene que hacer la AFIP es verificar y controlar el cumplimiento fiscal. Y para eso tiene informaciones de producción. Además, imaginémonos qué puede hacer un inspector de la AFIP en el campo en ese momento. ¿Va a medir cuántos granos entran en el campo? No me imagino qué puede hacer una persona en ese momento ahí. Salvo que quieran verificar la situación de las personas que trabajan en la trilla. Entonces habría que explicarle que se hace todo un trabajo mecanizado, eso se puede ver… Salvo que supongan que se va a trillar soja en condiciones de insalubridad, lo cual significa no entender nada de lo que pasa en el campo”.