La presión tributaria ha llegado el año pasado a niveles récord en la Argentina. De acuerdo con estudios privados, efectuados sobre la base de estadísticas oficiales, en 2010, la recaudación del Estado nacional y de las provincias habría trepado al 33,6 por ciento del producto bruto interno (PBI), unos once puntos más que en el año 2000, cuando alcanzó el 22,4 por ciento.

Para traducir este aumento de la presión impositiva en cifras más cercanas a cada uno de nosotros, basta señalar que actualmente un argentino debe trabajar 83 días hábiles para cumplir con sus obligaciones fiscales anuales, mientras que hace diez años sólo debía hacerlo durante 57 días hábiles.

Este dato, que surge de un trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), y que ha tomado estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dan cuenta de un fuerte crecimiento de la Argentina en el ranking mundial de carga fiscal. Mientras que en el año 2000 ocupaba el 15° puesto, hoy se encuentra en el 10° lugar, siendo sólo superado por Brasil, entre los países del continente americano.

La suba de la presión impositiva argentina en la última década se explica, fundamentalmente, por las elevadas retenciones a las exportaciones agrícolas y también por la instrumentación del impuesto al cheque, aun cuando el IVA sigue siendo el gravamen que mayor participación registra en la recaudación.

Durante la década del 90, la carga tributaria sobre el PBI era muy baja: apenas del 16 al 17 por ciento. No existían, por entonces, ni las retenciones con los niveles actuales, que fueron siendo incrementadas por el gobierno kirchnerista, ni el impuesto a las transacciones bancarias, que tampoco fue derogado, pese a ser concebido como un instrumento provisional para una emergencia y hoy resulta claramente distorsivo.

Del mismo modo, desde hace algunos años, el impuesto a las ganancias se cobra sobre utilidades ficticias, ya que no se permiten los ajustes por inflación en los balances de las empresas ni en las declaraciones de los asalariados.

En los últimos años, además, se han producido aumentos impositivos en provincias y municipios, derivados en parte de que la Nación no coparticipa más que mínimamente la recaudación por retenciones y por impuesto al cheque, provocando un fuerte desequilibrio, dado por un Estado nacional cada vez más rico -recauda el 86 por ciento del total- y Estados provinciales cada vez más pobres, además dependientes de algo que legítimamente les corresponde y por lo cual tienen que mendigar al gobierno central.

Es así como muchos distritos han debido recurrir a ampliar la base tributaria para impuestos a los ingresos brutos o impuestos de sellos, además de las tasas de seguridad e higiene viales.

En particular, la extensión del impuesto a los ingresos brutos afecta cada vez más a un mayor número de profesionales en el área metropolitana, pese a que en muchos casos su nivel de facturación está lejos de poder ser considerado relevante. Curiosamente, mientras esto sucede, en lugares como la ciudad de Buenos Aires, se exime de pagar ingresos brutos a empresas que llevan a cabo algunos emprendimientos vinculados con la construcción de viviendas de lujo.

Buena parte de esta mayor presión impositiva se viene trasladando a los precios, alimentando el proceso inflacionario.
Es cierto que la carga fiscal de la Argentina está aún lejos de los niveles de países como Dinamarca (48,2%) o Suecia (46,4%), que encabezan el ranking. Pero también es verdad que, en nuestro país, el incremento de la presión impositiva ha distado de tener un aumento equivalente en la calidad de los servicios prestados por el Estado a la población. Basta repasar la deficiente situación en materia de educación, seguridad, justicia, política de vivienda o infraestructura de servicios públicos para tener una idea del problema.

En otras palabras, nos enfrentamos a la paradoja de un Estado que recauda cada vez más y, proporcionalmente, presta cada vez peores servicios a sus contribuyentes.