Sesgos ideológicos organizaban la resistencia y el rechazo al uso de semillas genéticamente modificadas, las que, junto con la labranza cero, habían logrado reducir el daño ambiental sobre las superficies cultivadas. El impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie ha caído de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, una cifra nada menos que 75 veces menor, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces. La Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato en la Categoría IV, de baja toxicidad.
No obstante esto, el combate contra la innovación tecnológica continua, ahora en su país de origen, Estados Unidos. Los ambientalistas radicales han comenzado a atacar los ensayos de campo y a bloquear los procesos de aprobación de nuevas semillas con juicios que cuestionan los procedimientos de las agencias gubernamentales.
Según la Ley Nacional de Política Ambiental de ese país, aprobada en 1970, todas las agencias deben considerar los efectos que “acciones importantes” puedan tener en el “medio ambiente humano”. Las agencias pueden exceptuar decisiones rutinarias pero otras, como una nueva regulación, el emplazamiento de una nueva ruta, usina eléctrica, o la aprobación de nuevas tecnologías agrícolas, requiere la evaluación del impacto ambiental. Si la agencia entiende que no tendrá un impacto significativo emite un informe breve explicando su decisión; si piensa que puede ser afectado debe realizar un estudio completo que requiere mucho tiempo y puede alcanzar cientos de páginas.
El Departamento de Agricultura ha aprobado 74 variedades de semillas genéticamente modificadas para su comercialización, luego de revisar muchos estudios y realizar ensayos prácticos. Ahora, el Center for Food Safety y un grupo de productores orgánicos se lanzan contra el Departamento cuestionando no ya las semillas, sino el cumplimiento del proceso, demandando estudios ambientales comprensivos. Sostienen que la adopción de estas semillas acelerará el desarrollo de yuyos resistentes al herbicida y obligará a cambiarlo y también que la polinización cruzada puede poner en riesgo la certificación de cosechas orgánicas vecinas.
El problema es que hay una discriminación ideológica contra la tecnología de la recombinación genética, la que es en realidad una extensión y un perfeccionamiento de algo que se ha venido haciendo por décadas, se continúa haciendo por otros métodos. Hay muchas más variedades desarrolladas por otros métodos como las mutaciones utilizando rayos X, gama o químicos para dañar al azar el DNA y crear así nuevas variedades. En verdad, la recombinación genética hasta es más segura que otros métodos tradicionales. La Academia Nacional de Ciencias ha recomendado ya cuatro veces que no es necesaria ninguna supervisión especial sobre esta tecnología.
En 2007 un juez de San Francisco prohibió la alfalfa así modificada y ahora luego de tres años de nuevos estudios la conclusión es la misma de antes y deberé volverla a aprobar. En Agosto de 2010 otro juez de San Francisco revocó la aprobación para semillas de remolacha azucarera, que son utilizadas por el 95% de los productores de este cultivo. El problema inmediato que se le presenta a los productores es que sencillamente no hay otra semilla disponible para sembrar.
Serán otros tres años más. Algunos dirán que es mejor tener una actitud preventiva, pero eso podría discutirse cuando el resultado es incierto. Este es un simple caso de resistencia ideológica a la innovación “capitalista”.
Fuente: CIIMA
