En esa oportunidad y con la premisa que había que defender la mesa de los argentinos, el secretario de Guillermo Moreno obligó a las firmas exportadoras a ceñir sus compras a un precio menor al que prevalecía en el mercado.

A partir de ahí, la intervención del gobierno en el mercado del trigo ha sido moneda corriente. Luego alcanzó también al maíz. Como subproducto de esas intervenciones, se generaron situaciones en las que el productor terminó transfiriendo una cuota importante de sus ingresos al sector industrial y exportador. Hay estimaciones serias que calculan esa transferencia en millones de dólares. Podrá ser un poco más o un poco menos, pero hoy nadie desmiente que se haya registrado.

Luego vino el conflicto por la Resolución 125. Un punto de inflexión en esta historia, ya que pasamos de discutir cuestiones técnicas a la génesis de un problema político. El Gobierno perdió, y no por el voto de Cobos, sino porque muchos argentinos descubrieron lo que el campo representaba en términos económicos y sociales. Eso fue lo que llevó el conflicto agropecuario a un desmadre creciente y sin posibilidad de solución. Desde ese momento, cualquier intento por mejorar las cosas se frustró.

Desde ahí, la única obsesión del Gobierno fue y sigue siendo quebrar a la Mesa de Enlace, que jugó un rol importante en el conflicto de 2008, al interpretar el sentir de sus asociados y de los autoconvocados. Con algo de complacencia de parte de sus miembros, se instaló a los pequeños y medianos productores como posible cuña para disolver el nucleamiento.

En cuanto a la intervención oficial en el trigo, el fucionamiento es muy sencillo. Agricultura fija, según sus estimaciones de producción, el saldo exportable de trigo. Ese saldo surge de restar a la producción, 7 millones de toneladas que, según el organismo, se destinan al consumo interno. En esa cifra se incluye algo más de 1 millón de toneladas para exportar como harina que tiene un tratamiento arancelario más ventajoso que el grano.

El saldo exportable de trigo se distribuye a través de un sistema informal entre los exportadores en base a la performance histórica. Las firmas que quieren participar del sistema deben suscribir un convenio como el que firmaron el Gobierno, los exportadores tradicionales y la Federación de la Industria Molinera, en el cual se comprometen a pagar el FAS teórico. De ahí en más, cada cual atiende su juego sin molestar al resto. En otras palabras, la famosa cartelización. Según el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís: Hay una política decidida que es la protección clara a la actividad molinera. Es decisión de la Presidenta.

A partir de esa definición, cabe preguntarse: ¿Es necesario proteger a la industria molinera? Un sector compuesto por unas 80 empresas, de las cuales las 9 más importantes concentran algo más del 50% de la molienda anual. Esa concentración es aún mayor si se miran las exportaciones de harina que para 2010 superaron el millón de tonelada equivalente trigo. Ese sector recibe importantes subsidios: $ 2.248 millones de 2007 a 2010.

Ahora bien, uno podría decir que esa decisión del Gobierno puede tener sustento y debatirse, pero lo que no se entiende es por qué a partir de esa política también se transfieren ingresos al sector exportador de trigo, que claramente no necesita ninguna protección. Sería bueno que alguien del Gobierno que esté por encima del ministro de Agricultura lo explique.

Esta política benefició a los 2 eslabones más concentrados de la cadena. Y eliminó la transparencia del mercado, sumiendo a los productores y demás integrantes del comercio en una suerte de limbo. La realidad es que ya nada se puede hacer por el mercado local de trigo. No hay mercado disponible a pesar de que recién está finalizando la cosecha. Y tampoco lo va a haber en el futuro, ya que la exportación está cubierta para las necesidades de embarque de los próximos 60 días. Es hora de dejar de perder tiempo en discusiones semánticas para pasar a acciones concretas.