No alcanza con gestos o cambios de funcionarios. Hay que cambiar la matriz de la política productiva que impidió que el país sea un productor y exportador confiable.
El cambio en las políticas evitara una nueva estafa al productor como ocurrió en los últimos años. Nunca falto trigo en el país para el consumo interno y menos va a faltar ahora con las actuales tecnologías para producirlo en cantidad y calidad. Sería un gesto para quienes todavía no vendieron, pero principalmente, sería un mensaje concreto para proyectar y potenciar la producción de la nueva campaña 2011-2012, si podemos captar ahora los buenos precios internacionales de enero del 2012 , por medio de los mercados a término sin ninguna interferencia y se eliminan definitivamente los derechos de exportación.
Volver a la sensatez es sembrar nuevamente 7 millones de hectáreas como lo hicimos en 1929, con arado de reja y sembradora tiradas a caballo usando semillas comunes. Con las innovaciones actuales, podríamos estar cosechando 4000 Kg/Hect., y producir 28 millones de TT. Ante esta hipótesis no hay que continuar con esta insensatez de políticas para asegurar 2,4 millones de TT de trigo para hacer el pan de 42 millones de argentinos. Es solamente el 10% del potencial de producción del país. En la campaña 2010-11 por la intervención del estado los productores trigueros regalaran este volumen.
Hay que terminar con el actual sistema que el Estado interviene de hecho y delega la responsabilidad en los otros sectores de la cadena. Cómo funciona la comercialización del trigo actualmente, lo único que se ha logrado es enfrentar a los miembros de la cadena triguera, destruir el funcionamiento de la instituciones para la fijación de los precios, que la producción de trigo alcance solo para el consumo interno, que perdiéramos la exclusividad del mercado brasileño con preferencia arancelaria del primer importador de trigo mundial y que los productores perdieran cuantiosos ingresos en las últimas campañas. Desde el 2006 las transferencias a la molinería fue de más 2500 millones de dólares más otros 950 millones por compensaciones.
Lo más grave de esta política es que los principales perjudicados fueron los consumidores a quienes se querían defender, que pasaron de pagar el pan $ 1,5 en 2005 cuando empezó la intervención a $ 8 en la actualidad.
Con estos hechos incontratables de la realidad, la única opción para poder potenciar un shock de productividad es liberar todos los mercados sin ningún tipo de intervención del estado en el negocio empresario. La otra opción es estatizar el comercio de granos, haciéndose cargo el gobierno y quienes los acompañen, por el estancamiento que va a provocar en las producciones futuras.
Al mismo tiempo hay que terminar con la idea de que el estado tiene que asegurarle la materia prima a la industria molinera. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En último caso cada país implementa políticas de estado para subsidiar a determinados número de habitantes, que no tienen cubiertas sus necesidades básicas en forma directa para evitar todo tipo de corrupción, pero nunca castigando al productor y a la producción del país limitando las exportaciones. Es una industria atomizada como cualquier otra que debe trabajar a riesgo empresario y actuar en consecuencia de ahora en adelante.
Mucho menos pretender que le aseguren otras 4 millones de TT que se usan para otros fines, que no hacen a las necesidades indispensables del consumidor. Las 200 mil TT mensuales (2.4 millones TT anuales) que necesitan para el pan común, deben comprarlas cada molino en el mercado en el momento de la cosecha compitiendo con los otros sectores, y el resto asegurar el precio futuro en los mercados a Término como lo hicieron desde 1992 hasta el 2005. Al momento que compran el físico que necesitan para molienda, van saliendo proporcionalmente de su posición en el Término.
Hay que terminar también con los subsidios a la industria molinera por medio de los derechos de exportación y las compensaciones al trigo que usan para abastecer el mercado porque para lo único que ha servido fue para distorsionar todo el mercado como enumero más arriba. Los subsidios gastados por el estado se deberían haber usado en forma directa para atender al 30% de la población más pobre, para que no quedaran en el camino por falta total de transparencia que tiene el actual sistema discrecional implementado por el gobierno con el manejo del ONCCA.
El Complejo Agroindustrial para crecer y ser parte fundamental en el desarrollo del país, trabajando en igualdad de condiciones que los otros sectores de la economía, necesita mercados libres, apertura al mundo y seguridad jurídica para poder hacer más inversiones, que le permitan transformar las materias primas con mano de obra argentina y duplicar el valor de nuestras exportaciones como primera meta para el año 2020.
