El motivo del cambio de actitud es la intervención del Gobierno sobre el mercado de granos, que cada día depara una nueva sorpresa.

Como pocas veces antes, las cuatro entidades por cadena de los cultivos -Acsoja, Asagir, Maizar y Argentrigo- se pronunciaron explícitamente en contra de las retenciones y de la regulación sobre las exportaciones.

En la reunión de fin de año, emitieron una declaración en la que afirmaron que "la intervención en los mercados, la fijación de precios, los cupos de exportación, los ROE y las retenciones funcionan como un freno de mano, que no nos deja avanzar para poder crear más producción, riqueza y empleo". Y recordaron que, " con registros de exportación abiertos durante todo el año nunca faltó el abastecimiento del mercado interno". Por ese motivo, "resulta indispensable volver a contar con licencias automáticas de exportación durante todo el año sin restricciones, en un marco competitivo".

Los productores y empresarios no fueron los únicos en comenzar a elevar el tono de voz. Los ministros de Agricultura de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires se reunieron esta semana en el Consejo Agropecuario de la Región Pampeana, que también incluye a Entre Ríos y a La Pampa, y elaboraron una declaración en la que, entre otras cosas, se comprometieron a transmitir al ministro de Agricultura, Julián Dominguez, el pedido de acelerar la instrumentación de ROE automático para el 35 por ciento de la cosecha, elevar las estimaciones provinciales sobre cosecha y stock "teniendo en cuenta que no son las mismas que las consignadas por Nación", y "avanzar progresivamente en la apertura de las exportaciones".

Aún es prematuro afirmar que los ministros Carlos Gutiérrez (Córdoba) o Ariel Franetovich y Juan José Bertero (Santa Fe) promuevan una avanzada provincial en contra del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pero en forma implícita apoyan a Domínguez en su intento de forzar una apertura del mercado más amplia de la que, a cuentagotas, viene manejando el polémico funcionario. Franetovich, además, recibió anteayer a la Mesa de Enlace provincial en La Plata y el principal tema del encuentro fue, precisamente, el trigo.

En las provincias están haciendo cuentas sobre lo que les cuesta a los productores la manipulación de los precios. Un trabajo de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) sostiene que los productores cordobeses pierden 185 millones de pesos como consecuencia de la distorsión. La cuenta es simple: la diferencia entre lo que cobran y lo que podrían cobrar es de $185 por tonelada, y en Córdoba se siembra alrededor de un millón de hectáreas. Según la entidad que preside Néstor Roulet, esa cifra equivale a la mitad del presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura de Córdoba, o al valor del pan que consumen 500 mil personas por año, o a la compra de 700 sembradoras para siembra directa o 1000 tractores.

Otra advertencia provino del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Christian Amuchástegui, quien señaló que las distorsiones que afectan al maíz y al trigo se están trasladando a la soja, el cultivo que hasta ahora parecía inmune a la intervención. "Empieza a haber diferencias de hasta 10 dólares por toneladas entre lo que recibe el productor y lo que se podría pagar", sostuvo el directivo.

Pero tantas palabras parecen no llegar al destinatario verdadero: Guillermo Moreno, que anteayer acordó con los exportadores y la industria molinera la liberación de ROE de la cosecha nueva por dos millones de toneladas

Moreno utilizó la técnica de mojarse el dedo índice y levantar la mano para calcular cuánto trigo hay en la cosecha. Dictaminó que será de 12 millones de toneladas a lo que sumó el carry over de la campaña pasada y dijo que la molienda debe asegurarse unas siete millones de toneladas. Conclusión: se exportan seis millones de toneladas.

De las dos millones autorizadas por Moreno, una debe ser comprada por los exportadores en diciembre y el resto en enero. Con el calor de febrero volverán a reunirse.

A esta altura ni los más pesimistas estiman que será de 12,7 millones de toneladas sino que, por las lluvias, superará los 13 millones de toneladas. "En el sudeste los trigos están bárbaros", se entusiasmó un técnico que recorrió la región. Por su parte, Javier Buján, analista del mercado, calcula que el saldo real exportable mínimo "oscila entre 7,7 y 8,2 millones de toneladas".

A esta altura, decir que Moreno es el responsable de los errores es verdaderamente ingenuo. Sin el aval de la presidenta Cristina Kirchner no podría hacer nada.