La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, ratificó el paro “por tiempo indeterminado” que desde hoy impide el ingreso de hacienda al Mercado de Liniers y que podría extenderse a todo el país. “Por ahora no se va a permitir la entrada en Liniers y por tiempo indeterminado. Pero creo que se va a ir extendiendo al resto del país, si el Gobierno y los empresarios no cumplen con lo que se comprometieron en su momento”, advirtió el titular del gremio José Alberto Fantini.

El Gobierno por ahora no intervino, aunque la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, consideró que se trata de una “medida intempestiva” y abrió la posibilidad de que la cartera laboral dicte una conciliación obligatoria si el conflicto se agudiza.

El gremialista desestimó que se vaya a producir desabastacimiento de carne en los primeros días porque recordó que el Mercado de Liniers comercializa solo el 20% de todo el país. Aunque advirtió que “si esta medida se extiende en el tiempo desgraciadamente se va a empezar a sentir en el consumo”.

Si bien dijo que la medida podría impactar sobre el precio, desechó una suba significativa al opinar que “la carne más de lo que ha aumentado, no va a aumentar, llegó a un momento en que se empieza a estabilizar la cosa”.

La medida lanzada el jueves por el gremio es en reclamo de los subsidios prometido hace tres meses para garantizar un mínimo de 200 horas mensuales para cada trabajador, que rondaría un ingreso de 2.400 pesos.

“No se está cumpliendo. Los empresarios aducen que la papelería que les pide el Gobierno es mucha y engorrosa para juntarla. El Gobierno dice que los empresarios ganaron mucha plata y por eso no la quieren presentar, y en el medio los trabajadores como siempre siendo la variable de ajuste de todas las discusiones”, dijo Fantini.

El Programa Especial de Asistencia al Empleo, anunciado el 14 de abril último por el ministro de Trabajo Carlos Tomada, tenía como finalidad destinar una ayuda económica mensual, de carácter transitoria y no remunerativa por un valor de hasta un máximo equivalente al importe de 200 horas del salario convencional. Y los empleadores de las empresas participantes tenían la obligación de abstenerse de disponer despidos sin justa causa durante todo el tiempo que mantengan su adhesión.

La viceministra de Trabajo, en tanto, instó a los trabajadores y los empresarios a “encontrar una salida razonable sin perjudicar a la población” y sostuvo que “estamos negociando con el sindicato para tratar de que colaboren con nosotros”.