Uno de los hechos que dio origen a la problemática en la comercialización de trigo se dio hacia fines de 2007, cuando entre los operadores comenzó a circular con fuerza el rumor de un posible incremento en las retenciones a las exportaciones de commodities; y los compradores se hicieron del 90% de lo que se podía exportar. Entonces el Gobierno cerró las exportaciones y a partir de entonces, el mercado no encontró estabilidad ni previsibilidad.

Otro de los inicios que se pueden objetar fue a partir del 2006, cuando la Secretaría de Comercio Interior fijó los precios del cereal con el fin de que la industria molinera y los exportadores compitieran entre sí e impulsaran las cotizaciones (¿funcionó?). El cierre de registros de exportación ya era una política oficial y no llevó tiempo en impactar entre los productores: la superficie sembrada 2009/2010 fue la más baja de los últimos cien años.  

Regular sin intervenir ¿es posible?

“Los mercados tienen que estar regulados fuertemente por el Gobierno en el sentido de que la información sea accesible a todos los actores, grandes y chicos, de la misma forma: transparente y pública. Debe ser relativamente fácil comprar y vender, y así el mercado genera un precio al operar sin restricciones”, expresó David Hughes, presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo).

“Hay que definir bien qué es intervención, mercado y regulación. Si yo quiero generar incentivos a la producción, tengo que trabajar con mercados, porque éste es el que en general indica de manera más eficiente cómo generar los recursos”, recalcó.

Operadores del mercado de granos remarcan, entre los factores que perjudicaron el normal funcionamiento, la anticipada entrega de Roes verdes cuando el productor todavía decidía si iba a sembrar trigo. A fines de noviembre del año pasado el Gobierno nacional había liberado un cupo de exportación de trigo campaña 2009/10 de 2,12 millones de toneladas, una cifra equivalente al 66% de la cuota total.

Y más tarde, llegaron los acuerdos locales de las entidades Federación Agraria en Entre Ríos y Carbap en Buenos Aires, con el Gobierno nacional. Cuando se firmaron los contratos con las provincias, el beneficio del precio lleno sólo alcanzó a los productores de hasta 800 toneladas, o sea, a quienes habían sembrado unas 200 hectáreas de trigo.

Quienes habían producido más de ese volumen quedaban excluidos. En los casos contrarios, se los incluía en un listado, debían salir sorteados y luego se les asignaba un comprador y un destino de entrega. Lo mismo ocurría para los compradores. 

Algunos operadores coincidieron en que “los contratos locales hicieron desaparecer el mercado”.

Lo cierto es que hubo mucha gente que pensaba que los efectos de la políticas del Gobierno no les iba a tocar, entonces no decían nada y acompañaban la ola, y hoy se están dando cuenta de que no es la manera de ganar, cuando otros pierden.

“Lo que hizo la molinería fue acomodarse a una situación de un Gobierno que piensa de determinada manera. El problema al final del día es básicamente que no hay mercado.  Cuando pasa esto, empieza a haber un montón de ineficiencias en la cadena que generan que se le pague al productor muchísimo menos de lo que podría recibir si hubiera mercado”, expresó Hughes.

De estas observaciones se desprende que la política de “la mesa de los argentinos” nos llevó a subsidiar las medialunas de Puerto Madero, mientras que los pequeños y medianos productores tienen que guardarse el trigo en donde les quepa.

Los líderes de opinión del sector reclaman volver al funcionamiento anterior, aunque saben que no será posible lograrlo en el corto plazo. La condición ideal del mercado es con mucha producción, y con incentivos, no castigos. Es necesario que la molinería compita con la exportación, y que prevalezca un régimen en el que el chico tenga herramientas para jugar en el mercado con el grande. De otra forma, los resultados están a la vista: ausencia de mercado y profundización de la reducción de productores trigueros.