La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal resolvió que el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 deberá entender en una causa en la que se investiga a entidades rurales por coacción agravada.
El caso se inició el año pasado por la denuncia del abogado Eduardo Barcesat contra la Sociedad Rural Argentina y otras asociaciones agropecuarias por realizar cortes de rutas.
Se investiga si existió la conducta que castiga al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, agravado por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de un miembro de un poder público.
Para el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado en lo Criminal Federal N° 10, los hechos denunciados podrían configurar conductas en infracción a la ley 20.680 (de Abastecimiento), circunstancia que excede la competencia del fuero.
Según la Cámara Federal, el objeto procesal de la causa resulta "nebuloso" a partir de las menciones hechas por el denunciante, "por lo que la declinatoria luce prematura".
En consecuencia, el Juzgado Federal N° 10 tiene que entender en la causa y ordenó a esta dependencia enviar a la Secretaría de Comercio Interior copias de la causa, habida cuenta de que en esa dependencia se sustancian actuaciones por supuestas infracciones a la Ley de Abastecimiento.
