Mercedes Colombres
LA NACION

El largamente anunciado acuerdo entre las exportadoras y el Gobierno para destrabar las exportaciones de trigo y maíz no termina de ver la luz. Es que el Poder Ejecutivo estaría intentando sumar a las entidades del agro a la firma del pacto que permitiría un flujo normal de las ventas externas de ambas producciones.

"De nuestro lado no hay problemas; estamos listos para firmar. Al parecer, hay una demora porque alguien en el Gobierno quiere sumar a las entidades a la foto, para desactivar el reclamo del campo sobre las trabas a las exportaciones", explicó a LA NACION una alta fuente de la exportación de cereales que prefirió mantener el anonimato.

"El Gobierno pidió aplazar el acuerdo con la idea de convencer a las entidades de que actúen como veedores del convenio", dijo uno de los principales negociadores del agro, que tuvo acceso al borrador del convenio.

LA NACION intentó corroborar estos dichos con voceros del Ministerio de la Producción, sin éxito. En las entidades rurales nadie parece demasiado convencido de las bondades del convenio, lo que podría dilatar por más tiempo la firma del documento.

El pacto, cuyo borrador fue redactado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y por el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, libera los embarques de trigo y maíz a cambio de que las empresas exportadoras garanticen el abastecimiento de esos granos en el mercado interno.

El problema, a los ojos de las entidades, es que la fórmula con la que se estima el consumo interno abriría la puerta al Gobierno para manejar los registros a su antojo.

Sin estadísticas

"El acuerdo establecería que, para exportar, hay que dejar determinados saldos libres en el mercado interno. El problema es que en este punto no sólo se toma en cuenta el consumo histórico, sino volúmenes extras para cubrirse de contingencias climáticas y para satisfacer las previsiones habituales de harina. En un país sin estadísticas oficiales sobre producción, ¿quién sabe cuántas toneladas de maíz o trigo significa eso y cuánto dependerá del humor de Moreno? Es muy confuso", destacó el negociador. "El pacto no resuelve el problema fundamental del trigo, que es la falta de competencia entre exportadores y molinos", agregó.

Los técnicos de las entidades rurales cuestionan que no haya una fórmula de cálculo clara para determinar el volumen destinado al consumo interno. Creen que mientras esa decisión dependa de Moreno o de Echegaray y no de una regla objetiva, va a ser difícil que el acuerdo sea efectivo.

Por otro lado, los ruralistas desconfían del efecto del convenio en la recuperación del precio del trigo, ya que aducen que los exportadores tienen stock suficiente del cereal para abastecerse.

Para los negociadores que tuvieron acceso al borrador del acuerdo, la única ventaja tangible que tendría el pacto sería devolverles liquidez a acopios y cooperativas, que venían acumulando granos sin poder exportar. "Al recuperar liquidez por la apertura de los registros y poder exportar, estarían en condiciones de pagar en efectivo sus deudas al productor", comentó uno de los técnicos de las entidades.

Para el director ejecutivo de Maizar, Martín Fraguío, el acuerdo va a ser exitoso en la medida en que devuelva la confianza al mercado. "Si el acuerdo asegura al productor vender al precio real en cualquier momento del año, sin dudas va a ser un progreso", dijo Fraguío. "Pero es importante recuperar la credibilidad. El maíz no necesita subsidios, necesita confianza", agregó.

* Apertura de exportaciones El acuerdo que el Gobierno quiere suscribir con las entidades y las exportadoras establece la apertura permanente de los registros de exportación para fomentar la producción de trigo y maíz.

* Mercado interno El convenio dice que, en caso de peligrar el consumo, la industrias deberán asumir el costo de una eventual importación. Los ruralistas dicen que ese costo extra se terminará trasladando a ellos.