Porque a partir de este momento, la raíz argumental y la autoridad del gobierno queda en condiciones sumamente débiles.

En otras palabras, si la actitud gubernamental, hasta ayer, era más propia de un patrón de estancia, de principios de siglo pasado, que de un equipo de profesionales tras una política de estado, hoy podría afirmarse que la taba comienza a darse vuelta.

Tardará un tiempo, pero, difícilmente, deje de verse ello.

¿Por qué? La posición gubernamental, autocrática y centralizada, pierde peso. Y, queda muy debilitada para afrontar los embates que, poco a poco, irán emergiendo como resultado de la presión de los agentes productores por mayor racionalidad económica. La “desmorenización” de la economía es cuestión de tiempo.

No es factible que, este año, se registre una vuelta de 180°, pero tampoco es posible, dadas las nuevas circunstancias, el mantenimiento de las actuales estrategias cuyos resultados está llegando a conocimiento del público involucrado, de los políticos de la oposición, aún los más trasnochados y de la sociedad en general. Uno diría que se viene un cambio.

El largo proceso de disputa agro-gobierno no ha resultado en vano. Los efectos siguen mostrándose y, seguramente, continuarán haciéndolo. A medida que pase el tiempo, que transcurran los años, iremos advirtiendo la importancia de este conflicto. Y del cambio institucional que irá realizando.

En estas elecciones, el litigio ha dejado su impronta. El cuadro para el oficialismo es patético. Tuvo un desempeño en los territorios de raigambre agropecuaria, como es el caso de Córdoba y Santa Fe, lamentable. Sólo un cínico puede negar ello.

A partir de diciembre habrá un considerable número de legisladores de extracción agraria, con claras exigencias en sus carpetas. Y muchas de estas exigencias se harán públicas mucho antes; por lo tanto, su presión habrá de sentirse.

Por lo menos diez diputados y una senadora, ligados al agro, aparecen en  la escena política, ahora.  Allí están, los vicepresidentes de Federación Agraria Argentina (FAA), Pablo Orsolini (Chaco) y Ulises Forte (La Pampa). Y también, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile (Formosa), y varios dirigentes provinciales de las cuatro entidades gremiales del agro.

Los flamantes legisladores traen bajo el brazo, la revisión de los derechos de exportación, el  giro total de la política (o antipolítica) ganadera y lechera y otras tantas cuestiones más. Saben que, para el próximo año, se corre el riesgo de no tener trigo ni siquiera para completar el consumo local, además de dejar en banda al mercado brasileño.

Desbaratar la trampa tendida al mercado triguero es una cuestión de urgencia. Si la Secretaría de Agricultura calcula un valor FAS teórico claramente inferior al real, ¿qué puede esperarse de la producción?  El FAS del trigo ronda en $650 cuando un cálculo adecuado revelaría un valor superior a $700. Algo similar ocurre con el maíz que en lugar de girar en torno a $610, el FAS teórico se aproxima a $520.

Si se no desarma este esquema de concentración de recursos, saben que la producción quedará en terapia intensiva. Como los nuevos interlocutores tienen plena conciencia de ello, es dable esperar un cambio importante en este intervencionismo de concentración de la riqueza dirigida a las industrias molineras y a las empresas exportadoras que, hoy, compran la mercadería a precio inferior en desmedro del eslabón agrícola.