4 meses después, la emergencia agropecuaria es... una joda de Tinelli

Sin embargo, al viernes 22/05 todavía no comenzó a regir en ninguna provincia del país, denunció la web Infocampo.

La Emergencia Agropecuaria fue establecida por el Decreto N° 33/2009 que confirmó y contextualizó la Resolución General Conjunta N° 2.540 /09 (AFIP) y N° 650 /09 (ONCCA) que establecieron las condiciones y el alcance para la aplicación del beneficio de diferimiento para las obligaciones de pago de impuestos.

El beneficios consistía en el diferimiento de las obligaciones de pago por el plazo de 1 año desde su vencimiento.

Las obligaciones comprendidas eran las fiscales correspondientes a saldo de declaraciones juradas y anticipos cuyos vencimientos operen entre el día 1 de febrero de 2009 y el día 31 de julio de 2009, ambos inclusive, de los siguientes impuestos:

- Ganancias (personas físicas y jurídicas),
- Bienes Personales, y
- Ganancia mínima presunta.

En su momento se consideró a ese beneficio de la emergencia agropecuaria una señal de acercamiento hacia el campo de parte de Cristina de Kirchner, como consecuencia de la peor sequía en los últimos 70 años.

En un acto en la quinta de Olivos, Cristina de Kirchner, anunció: "Desde el 1º de enero de 2010 y por 1 año, los productores no pagarán el pago del impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Renta Mínima Presunta, en lo que representa un esfuerzo de todos los argentinos; porque no hay otro sector que tenga este beneficio".

Y agregó: "Es un gran esfuerzo que hacen todos los argentinos. No hay otro sector que tenga una ayuda similar. Queremos hacer este esfuerzo, para ayudar a los sectores afectados. Pero reclamamos de todos un gran dosis de patriotismo".

La jefa del Estado también adelantó que la carta de porte -documento que ampara la mercadería transportada de uso obligatorio y que refleja los movimientos físicos de los granos en las distintas etapas de su comercialización- será gratuita. "Se eliminan todos los aranceles y comisiones, será gratuita y se accederá a ella por Internert. Para que sea una carta de porte segura y gratuita".

De esa forma, la cadena agrícola dejaría de pagar un monto total que Cristina estimó en $7 millones. Hasta entonces, el productor debía comprar la carta de porte a la Federación Agraria Argentina y la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales que, desde 1992, son las entidades autorizadas para emitir y distribuir este documento.

Sin embargo, la emergencia agropecuaria todavía se encuentra en veremos.

“El decreto presidencial no corresponde ni cumplió con los pasos establecidos en el procedimiento determinado por la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria”, comentó Francisco Ferro, diputado nacional por la Coalición Cívica (CC).

“Fue una medida que se tomó básicamente para salir en los medios de comunicación”, indicó Ferro, y agregó que “la realidad es que todavía no entró en práctica y muy difícil que se haga efectiva”.

En principio la emergencia agropecuaria implicaría, según anunció en su momento el gobierno nacional, que no se cobraría por un año el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales a productores afectados por la sequía que logren demostrar un 50% de pérdidas en su producción.

“La Nación no otorgó la mayoría de los pedidos de emergencia realizados por las provincias; por lo tanto los productores no pueden acceder a los beneficios”, dijo hoy Ernesto Ambrosetti, jefe del Centro de Estudios Económicos de la Sociedad Rural (SRA).

En tanto, la semana pasada el gobierno nacional reglamentó la emergencia agropecuaria en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos para las producciones de soja, maíz, sorgo y ganadería.

“A partir de esta reglamentación deberíamos lograr que la Afip no nos siga embargando cuentas por registrar deudas; pero hasta el momento esto sigue ocurriendo”, indicó hoy a Infocampo Alfredo Bell, secretario de la Federación Agraria (FAA) de Entre Ríos.

“La emergencia, por más que esté homologada, no tiene ningún efecto en la situación económica del productor”, advirtió Bell, y agregó que “ya hemos pedido al gobernador (por Sergio Uribarri) la prórroga por seis meses más de la medida y que se logre poner en práctica de manera efectiva”. 

Bell comentó además que días atrás mantuvo una reunión con un directivo regional del Banco Nación, quien le aseguró que no tiene ninguna disposición especial por parte del gobierno nacional para reprogramar deudas de los productores en el marco de la Emergencia Agropecuaria.

Además, el diputado cordobés por el Frente para la Victoria, Alberto Cantero Gutiérrez, presentó un proyecto donde solicita al Gobierno Nacional que “prorrogue por 180 días, desde el primero de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009, el diferimiento de las obligaciones fiscales establecidos en el Decreto 33/09 para los agricultores familiares con una facturación anual neta de impuestos de hasta $ 1.200.000”.

Antes de terminar, una declaración interesante:

“En este momento todos los integrantes del mercado estamos pendientes que salven al trigo, pero a partir del mes de septiembre vamos a estar todos pidiendo que salven al maíz”, afirmó el analista Gustavo López, director de la consultora Agritrend, en referencia al alto grado de intervención oficial presente en el mercado local de maíz.

“Hoy día estamos en presencia de un mercado casi cautivo, en el que se encuentran virtualmente cerradas las exportaciones”, indicó López, para luego mencionar que “los exportadores están muy tranquilos, adquiriendo el producto al precio que quieren”.

El derecho de exportación nominal del maíz es del 20%. Pero la retención efectiva sobre el cereal alcanzó ya un nivel superior al 50% a causa de la intervención implementada por el gobierno nacional.

“Es cierto que los exportadores deben afrontar un costo financiero por el pago de retenciones adelantadas, pero esto puede ser equivalente a una tasa de a lo sumo un 10% del valor FOB”, explicó el especialista.