Desde 2006, cuando el Gobierno intervino el mercado agrícola, hasta fines de 2008, cuando comenzó a dejar de publicar estadísticas de la Secretaría de Agricultura, los productores de trigo percibieron u$s 2.883 millones menos de los que hubiesen obtenido en un mercado liberado. Pero, pese al tan invocado latiguillo de la redistribución, casi dos tercios de ese dinero benefició a sectores que no lo precisan.
La cifra surge del trabajo Intervención oficial en los mercados. El caso del trigo argentino 2006/09, realizado por Raúl Dente y Nicolás Vaio y presentado ayer en el congreso A Todo Trigo, en Mar del Plata.
Más allá de lo que se opine sobre las virtudes de los mercados absolutamente desregulados, el trabajo tiene el mérito de presentar una reseña sintética y clara de las diversas intervenciones del Gobierno sobre el negocio triguero en los últimos tres años. Su cantidad y diversidad, vista toda junta, resulta pasmosa.
El análisis busca cuantificar cómo esas medidas distanciaron el precio que percibieron los productores locales del internacional, bifurcación nacida en 2002, con la reinstalación de los derechos de exportación, primero con una alícuota de 10% y pronto de 20%. Brecha más o menos pareja hasta que comenzaron las restricciones a la exportación, en mayo de 2006, con el primer cierre del registro de exportación, que, entre varias medidas, derivó en la instalación de licencias de exportación, bautizadas ROE Verde por la Oncca.
De la comparación de la evolución del precio FOB de exportación, el FAS teórico (fijado por Agricultura tras deducir del FOB las retenciones y los costos de fobbing) y el FAS real (tomado de los precios de pizarra del mercado disponible), surge que el costo de la incertidumbre –derivada de los intempestivos cierres de registros, las cláusulas de encaje, la cuasi desaparición de los mercados de futuros y las súbitas variaciones de alícuotas de retenciones (que subieron 40% en noviembre de 2007, hasta 28%)– también recayó en las espaldas de los productores.
En la estimación más exhaustiva de esa transferencia, Dente y Vaio introducen el atenuante de las compensaciones por abastecimiento del mercado interno y una estimación de cómo hubiese sido el FOB del trigo argentino sin las restricciones. En ese cálculo, la transferencia de los trigueros en las dos campañas alcanza u$s 2.883 millones. Pero, según el trabajo, sólo el 21% fue a las arcas nacionales (u$s 674 millones) y el 15% a subsidiar el consumo de los pobres (u$s 425 millones). Los u$s 1784 millones se repartieron entre el consumo de no pobres y filtraciones hacia otros eslabones de la cadena (33,5%), los exportadores de trigo (11%), los exportadores de harina (2,5%) y los productores y consumidores externos (11%).
