Pero la protesta agraria no es sólo en defensa de la producción rural, sino también del federalismo fiscal, y por esa razón evoca los enfrentamientos del pasado, jugando hoy la administración Kirchner el papel del partido unitario del siglo XIX.
Juan Bautista Alberdi fue claro cuando afirmó en las Bases: "La República Argentina será y no podrá menos de ser un Estado Federativo, una República nacional, compuesta de varias provincias". Es así que nuestra Constitución establece que "la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal". Esta disposición clausuró en 1853 décadas de enfrentamientos entre unitarios y federales. La disputa por la apropiación de las rentas fiscales, particularmente las de la Aduana de Buenos Aires, es una de las claves para entender estos enfrentamientos previos a la Organización Nacional.
Si bien la Nación realiza hoy transferencias de fondos a las provincias, éstas no están sujetas a normas objetivas que determinen cuál debe ser esta distribución. No existen reglas, sino decisiones discrecionales que debilitan la autonomía política de los gobiernos provinciales. Sin un régimen de coparticipación automática de fondos, el federalismo se convierte en una ficción, por la dependencia de los gobiernos provinciales de la Casa Rosada. Los gobernadores, que son todos democráticamente electos, se dividen así entre "amigos" que reciben fondos y los "otros", que dependen únicamente de sus propios recursos y que, además, ven trabadas sus gestiones para obtener financiamiento externo, como acaba de ocurrir con la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, que tiene un gobierno local alejado del oficialismo central.
El conflicto agrario ha ahora incorporado a la agenda política la cuestión del federalismo en su dimensión económica; es decir, el federalismo fiscal, que exige identificar niveles de gobierno "óptimos", tanto para ejercer la potestad tributaria como para la ejecución del gasto público. Debe primar aquí el principio de subsidiaridad, tan bien explicado por Tomás de Aquino y entre nosotros por Alberdi, cuando nos hablaba de acercar no solamente los gastos, sino también los tributos a los niveles locales de gobierno. Cuando aumenta la proporción de bienes públicos "locales" que se financian con impuestos "locales", se maximiza la eficiencia y la equidad del gasto público. Además, disminuye la corrupción porque aumenta el control directo de la población.
En los Estados Unidos, el gasto estadual y municipal financiado por impuestos locales es seis veces superior al gasto federal (excepto defensa, política exterior y deuda pública). Otro buen ejemplo es la República Federativa de Brasil, donde la tercera parte de los ingresos tributarios es captada directamente por los estados y municipios, y donde el impuesto que más recauda no es federal sino estadual (ICMS). Así se consolida la autonomía política de los estados provinciales, ya que Brasilia solamente les financia la quinta parte de sus gastos. Por este motivo, los gobernadores ejercen su representación de los intereses locales sin ninguna atadura que los sujete por cuestiones de caja. Son así verdaderos gobernadores y no delegados del poder central.
Es impostergable cumplir el mandato aún pendiente de la Constitución reformada en 1994, que en su artículo 75 requiere la sanción de un régimen de coparticipación, basado en criterios de equidad y solidaridad y que procure la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, cosa que hoy no ocurre, porque la Casa Rosada apenas coparticipa el 30 por ciento de su recaudación, el valor más bajo de los últimos 50 años, violando así la Ley 23548 (art.7), que establece un piso mínimo del 34 por ciento.
Este desconocimiento de la ley ocurre también ahora con la imprevista decisión de coparticipar con las provincias y municipios apenas el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja. Esta medida procura debilitar la fuerza del reclamo del interior del país, enfrentando a los gobiernos locales con los productores, muchos de los cuales soportan serios quebrantos por la caída en el precio internacional de los productos agrícolas.
Hace quince años que estamos incumpliendo el mandato constitucional. Llegó la hora de que las fuerzas políticas acuerden cumplirlo y construir una nación federal. Esta será la contribución de la protesta agraria. Pero, mientras tanto, no violemos la ley vigente.

Alieto Guadagni es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires, con estudios de postgrado en la Universidad de Chile y doctorado en la Universidad de California (Berkeley).