Pero ahora el campo la tomó como una sonora cachetada. "Una provocación", sentenció Eduardo Buzzi, quien junto a sus pares de la Mesa de Enlace y una nutrida delegación ruralista, se había pasado el día debatiendo en el Congreso sobre una ley sobre retenciones, sin lograr que el bloque kirchnerista diera quorum. La indignación fue indescriptible, cuando al caer la tarde escucharon el anuncio de Cristina.
Pero lo más hiriente fue la chicana repetida de inmediato y hasta el cansancio por los ministros, legisladores y periodistas afines al gobierno: "¿acaso no querían que la plata llegara a las provincias?".
Es cierto: en su afán por argumentar sobre la esencia maléfica de esta gabela, algunos dirigentes las cuestionaron entre otras cosas por su carácter de "no coparticipable". Ahora se ve el error de esa ponencia. Vale la pena recordar que algún gobernador opinó en la misma dirección. Presuroso, el gobernador de la principal provincia sojera, Córdoba, ya dio un apoyo explícito a la medida, aunque diciendo que consensuaría con los productores el destino de los fondos. Era el escenario más temido, porque si los gobiernos provinciales agarran parte de las retenciones, "no te las sacás más de encima", se repetía como muletilla.
Las retenciones son un impuesto injusto, retardatorio y anti tecnológico. No cambia su carácter reaccionario el hecho de que se las convierta en coparticipables. Antes bien, las termina de envilecer. Sobre todo cuando esta generosa redistribución ocurre en tiempos electorales. Curiosamente, el destino proclamado es el mismo que se esgrimió cuando la Resolución 125 naufragaba antes de su envío al Congreso, casi un año atrás: la construcción de hospitales y casas.
Las retenciones, lo hemos dicho desde el primer momento, sólo son aceptables si constituyen una forma de cobrar el impuesto a las ganancias. En el caso de la soja, que es la madre del borrego, el 35% de retenciones es más que suficiente: los productores dejan la tercera parte de su producción bruta, cuando debieran dejar el 35% de sus ganancias. Constitucionalistas como Gregorio Badeni cuestionan estos montos por confiscatorios.
Quien más claramente lo expuso en estos días, como reacción inmediata al anuncio presidencial, fue el gobierno de la provincia de San Luis. Como se recordará, esta provincia inició un juicio al Estado nacional reclamando por la pérdida de ingresos que le ocasiona el sistema de retenciones. Al quitar una parte sustancial de la producción, los chacareros puntanos ven reducidos sus márgenes drásticamente. En consecuencia, lo que pagan por Ganancias es mínimo, y como este impuesto sí es coparticipable, la provincia sufre una exacción. El juicio avanza en la Corte Suprema.
Los gobernadores de las provincias sojeras debieran ahora proponer que ese 30% de coparticipación que les ofrece el gobierno, vuelva en forma directa a los productores. Dos formas de hacerlo: la primera, que si el Estado puede resignar un 30%, directamente se reduzcan las retenciones en la misma proporción. Que bajen del 35 al 23%. El propio Schiaretti estaba pidiendo una rebaja. Ellos y los intendentes de las ciudades que viven de la soja saben que esa es la mejor redistribución que pueden hacer. Así crecieron y así languidecen ahora, desangrándose en la vasija nacional. Los obreros metalúrgicos ya están en las rutas.
La sombra doliente de los cierres de fábricas y comercios corre sobre la pampa argentina. Hospitales y viviendas, para pueblos que podrían hacerlos con recursos propios. Ahora les ofrecen uno de cada tres pesos que su misma gente genera.
En mi barrio, si alguien necesita, lo pide prestado.
