Sólo abreviando los plazos de organización de los comicios establecidos en 2004 se podría cumplir, en forma demasiado ajustada, un calendario electoral que, en una situación de normalidad, requiere meses para la confección de los padrones, para su publicación, para la impresión de boletas, etcétera.
Acortar los tiempos, además de restarle tiempo a la oposición, también pone en juego la agilidad del sistema electoral. Los últimos comicios estuvieron sospechados de fraude, por lo menos, en algunos distritos. ¿Tanto apuro y tanta confusión no servirán para encubrir otras trampas?
En lugar de proponer una boleta única, como requirió la oposición y propone Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires, el Gobierno hace implosionar el sistema.
La oposición demandó que vengan al país veedores electorales. ¿Habrá tiempo para organizar tal supervisión, si es que el país la acepta?
Se pueden sospechar muchos motivos por los que el Gobierno puede haber tomado esta decisión: ¿Teme que la crisis económica se profundice? ¿Acaso el poder territorial de Néstor Kirchner en el conurbano bonaerense se deteriora tan rápidamente que no llegaría intacto a octubre?
Hay muchas sospechas, pero desde el punto de vista institucional, el país pierde. Una vez más, el Gobierno deja en la gente la sensación de que las instituciones son un chicle, que se adapta a las necesidades del gobernante de turno.
Adelantamiento de elecciones tiene sentido en un sistema parlamentario, donde el líder político puede abiertamente provocar una crisis para obtener una ratificación popular de su mandato. Pero, este manoseo institucional, en una república presidencialista, es inadmisible.
