Mariana Verón
LA NACION
A último momento, y bajo la amenaza de un estallido del campo, la presidenta Cristina Kirchner prefirió llevar el debate de su proyecto para modificar la comercialización de productos agropecuarios a la reunión que mañana tendrán sus ministros con los dirigentes del campo.
La resistencia interna en parte del oficialismo -no sólo de algunos funcionarios que creen inconveniente el momento para agitar el proyecto, sino también de los más cercanos legisladores y dirigentes kirchneristas- hizo que la jefa del Estado decidiera dejar apenas abierto el camino, ayer, durante el discurso que dio en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. "Es necesario lograr instrumentos nuevos que nos permitan intervenir adecuadamente en la economía", fue su advertencia. Quedó claro que, de hacerlo, enviará una ley al Parlamento.
Tres de los más influyentes colaboradores del matrimonio Kirchner contaron a LA NACION que en la intimidad de la quinta de Olivos se buscó evitar la confrontación directa con el sector agropecuario. El borrador con el proyecto para crear un ente mixto -con participación del Estado y el sector privado- que se encargará de la comercialización de productos agropecuarios ya está redactado y a la espera de la decisión presidencial.
En lo más alto del poder se viven momentos de incertidumbre. Ayer, varios hombres fieles al matrimonio Kirchner sostenían que no estaban dadas las condiciones para otro anuncio unilateral como había sido el de la resolución 125, que imponía retenciones móviles a los granos y que desembocó en el fracaso y en la pérdida de poder de la Casa Rosada. "El Gobierno no tiene la fuerza política como para imponer", razonó anoche un dirigente kirchnerista que visita a menudo la quinta de Olivos.
Por eso, altas fuentes oficiales dijeron ayer que los ministros del Interior,
Florencio Randazzo, y de la Producción, Débora Giorgi, llevarán mañana la
propuesta al campo y esperan que luego de un debate de las entidades, que ya
anticiparon su rechazo, se logre una fórmula de consenso. Algunas fuentes
oficiales sostienen, con tono conciliador, que la medida contará con la
participación del agro.
Dos efectos
Según reconstruyó LA NACION, la estrategia que delinea la Presidenta es dilatar la decisión y poner el tema a consideración de la Comisión de Enlace. La jugada busca dos efectos concretos: uno es sacar del debate el tema de la baja en las retenciones a la soja en el que venía insistiendo el campo tras la primera reunión, hace una semana. Ante la embestida agraria de querer tratar en las discusiones futuras el impuesto a las exportaciones de granos, la Casa Rosada contraatacó con la difusión de la creación del nuevo ente, que puso al sector agropecuario en alerta extrema.
El otro golpe de efecto que quiere dar Cristina Kirchner es forzar una discusión interna en la Comisión de Enlace. Sabe que Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, había planteado en pleno conflicto, el año pasado, la necesidad de crear una nueva junta nacional de granos. Otra vez, la idea que sobrevuela Olivos es quebrar la unidad de las cuatro entidades que representan al campo.
Aunque todavía ayer reinaba la incertidumbre en pleno recinto entre el oficialismo sobre el polémico proyecto, fuentes cercanas al matrimonio Kirchner confiaron que la Presidenta intentó cuidar las formas y evitar un anuncio de manera unilateral. "Vamos a tratar de que salga con el mayor nivel de consenso que se pueda", graficó un legislador ante la consulta de LA NACION.
Ayer, el Gobierno volvió a jugar al misterio público. Mientras el ministro del Interior, Aníbal Fernández, minimizaba el proyecto argumentando que era un "chisme", su par de Interior, Florencio Randazzo, evitaba confirmar o desmentir la información y les recomendaba a los medios consultar a su colega de Producción, Débora Giorgi. La ministra trabajó ayer, toda la tarde, en el análisis de la propuesta.
