La situación del agro requiere un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado para un programa integral, que no puede estar influenciado por ideologías perimidas ni por pujas políticas de momento.
La sequía se sumó a la caída de los precios y de la demanda internacional para dibujar un panorama crítico para amplios sectores de la producción agropecuaria, que se traduce en reducciones de siembras y de cosechas y en importantes pérdidas de animales.
En este contexto y luego de una demora que sólo puede entenderse por motivos políticos, el Gobierno ha decidido declarar la emergencia agropecuaria, que dispone una prórroga en el pago de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales por un año. Al mismo tiempo, a través de la Secretaría de Comercio Interior, es decir por afuera de los canales establecidos para la política agropecuaria, se está realizando una distribución de forraje.
Para las entidades reunidas en la Mesa de Enlace, las decisiones adoptadas son insuficientes, por lo que evalúan la posibilidad de hacer nuevas medidas de fuerza. Esta perspectiva es inquietante por varias razones, pero principalmente porque puede reproducir un conflicto que resultó gravoso para el país, en un contexto de crisis y, por lo tanto, con costos mayores.
Es necesario, por ese motivo, que tanto el Gobierno como los representantes del agro mantengan los canales de negociación y que, desde la esfera oficial, se tengan en cuenta la situación del campo no sólo para superar la coyuntura sino también para resolver problemas de larga data como los que se presentan en la ganadería y en el sector lácteo.
El Gobierno debe tener en cuenta que la crisis ha modificado radicalmente la situación de la producción agropecuaria y su capacidad para soportar la carga impositiva de las retenciones. Pero también hay que considerar con realismo que el Fisco no está en condiciones de reducir impuestos en forma drástica en un momento de caída de ingresos.
La crisis del agro requiere una respuesta que no puede estar influenciada por disputas políticas. Hay que tener en cuenta la carga de las retenciones y la situación fiscal.
