Aunque esperada, la declaración de emergencia agropecuaria nacional que ayer anunció la presidenta Cristina Kirchner no tendrá ningún efecto inmediato para los productores afectados por la sequía. No se trata del desembolso de dinero fresco para los ganaderos, que necesitan con urgencia reemplazar con forraje el pasto que, por la falta de lluvia, no crece en sus campos. Tampoco de ayuda para los agricultores que este año tendrán cosechas de maíz o soja mínimas o nulas. Sólo se trata de la posibilidad de diferir impuestos que, dada la situación catastrófica, muy probablemente no tenían previsto pagar.
Por eso, para el caso de los ganaderos más desesperados, el último recurso seguirá siendo recurrir al reparto de maíz encarado por el secretario de Comerio Interior, Guillermo Moreno, o lograr hacerse con alguno de los cheques por 15.000 pesos que la subsecretaria de Producción Agropecuaria y Forestal, Carla Campos Bilbao, distribuyó en el sur bonaerense (ver Página 6).
Comercio Interior comenzó a repartir unas planillas -que no llevan membrete ni mencionan norma legal alguna-, mediante las cuales los ganaderos pueden pedir maíz.
Los beneficios del Decreto Ley Nº 22.913 de Emergencia Agropecuaria -una de las últimas decisiones de la dictadura militar- consisten mayormente en el diferimiento del pago de los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes personales. Pero para acceder a ese beneficio, el afectado debe demostrar el daño hecho por el fenómeno meteorológico -que deberá ser de más del 50% de su capacidad de producción- y la proporción de ese daño respecto de su negocio. Es decir, deberá demostrar que está al borde de la extinción.
La Secretaría de Agricultura y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) son los organismos encargados de controlar el grado de daño de cada establecimiento.Ayer, el secretario Carlos Cheppi, al explicar la medida, aclaró que se tratará de un proceso "riguroso", lo que podría significar que llevará su tiempo. Justo lo que los productores no tienen. Pero además, previamente, el gobierno de la provincia en cuestión debe, a su vez ,declarar la emergencia en su territorio, o en parte de él. Y, lógicamente, para acceder al beneficio el productor deberá estar dentro de esa frontera.
Así, los beneficios de la emergencia llegarán sólo hacia mitad de año, cuando los afectados puedan postergar el pago de los tres impuestos mencionados hasta julio de 2010. Para esa fecha, el esfuerzo fiscal se duplicará porque deberán abonar los tributos correspondientes a ese período más los diferidos. Si la Presidenta hubiera decretado el estado de desastre agropecuario, cosa que podría haber hecho en varios distritos donde la capacidad de producción está afectada en más del 80%, los diferimientos se hubieran transformado en condonaciones.
Pero toda esta explicación se vuelve inútil si se tiene en cuenta la gravedad de la situación. ¿Qué contribuyente, al borde de la quiebra de su negocio priorizará el pago de los impuestos? La fuerza de los hechos hará que privilegie el mantenimiento de su explotación, que para los pequeños productores es exactamente lo mismo que el sostenimiento de su familia. Por eso, el costo fiscal final que tendrá la medida -y que fuentes del Gobierno no pudieron precisar- es relativo ya que de todas maneras no percibirá buena parte de esos ingresos.
Referentes de la Comisión de Enlace dijeron que si lo que se busca es auxiliar al sector, la medida más eficaz sería la suspensión del pago de las retenciones o una baja en las alícuotas. Eso mejoraría los precios percibidos por los productores e impactaría positivamente en los números del agro. Claro, una decisión de esas características sí tendría un fuerte impacto en la recaudación.
Aunque está previsto en la ley de emergencia, firmada el 15 de septiembre de 1983 por el presidente de facto Reynaldo Bignone, ni la Presidenta ni sus funcionarios hicieron mención alguna a los beneficios en materia crediticia. Básicamente, los productores en emergencia podrían acceder a la renegociación de sus deudas con bancos públicos y al acceso a nuevos créditos con tasas bonificadas en un 25% sobre las vigentes.
"Si queda en esto, vamos de nuevo a la protesta", dijo anoche una fuente ruralista. Si se tiene en cuenta que la Federación Agraria, una de las entidades con más capacidad de movilización del campo, fue la destinataria directa de la "gratuidad" de las cartas de porte, todo hace prever que -si no hay mayores novedades- un nuevo conflicto agropecuario madura aceleradamente.
Claves
Postergación . La ley de emergencia agropecuaria prevé que los
productores de las zonas afectadas que hayan demostrado el daño puedan diferir
el pago de los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes
personales.
Sin ayuda directa . El Gobierno no anunció, como se especulaba, nuevos
subsidios directos a los productores. En su lugar, las secretarías de Comercio
Interior y Agricultura podrían seguir enviando maíz y cheques a algunas regiones
castigadas, como el sur bonaerense.
Ley de la dictadura . El Decreto Ley N° 22.913 de Emergencia Agropecuaria fue
