El caso de Juan Manuel Garciarena, productor de Villa Iris, es paradigmático de la paulatina destrucción del Estado como hacedor de políticas públicas destinadas a dar certeza, contención, perdurabilidad y, sobre todo, equidad a estructuras sociales que espacial y económicamente son estratégicas para el desarrollo de un país mejor.
Creo estar seguro de que Garcierena debe tener un sentimiento ambiguo. Por un lado, cierta descompresión a su angustia cotidiana de no tener cómo seguir económicamente sin esas toneladas de maíz que el todo poderoso secretario de Estado "graciosamente" le traspasó en un arreglo (¿arreglo?) con exportadores dispuestos a devolver favores por los márgenes económicos que las políticas comerciales domésticas les otorgan a cambio de nada (¿nada?).
Por el otro, tanto él como su vector, desencantado de entidades gremiales que parecen no poder dar respuesta palpable a los legítimos reclamos de los productores, sospecho que sienten sobre sus espaldas la pesada carga de tener que aceptar la llegada de un "socio" omnipresente con poder de dar arbitrariamente supuestas soluciones y exigir a cambio sumisión política.
La desesperación de aquel en problemas es mala consejera y las prebendas de aquel que se aprovecha de ella, la peor de las soluciones.
Las ayudas particulares se pueden dar entre amigos cercanos, pero no deberían formar parte del manual básico del funcionario público. Por varias razones: la primera, la falta de equidad que toda sociedad reclama de las políticas gubernamentales que iguala a sus componentes. En tal sentido no tenemos ni idea de cuáles son los parámetros de la ayuda estatal ni cómo se califica para ésta.
En segundo lugar, por la falta de transparencia en el método de hacerse del
insumo para las ayudas. En tal sentido no se sabe fehacientemente cómo se
consigue el grano ni cuál es el costo objetivo para el Estado y los
contribuyentes.
Por último, la Constitución nacional consagra el deber de todo funcionario de ejercer la transparencia y la equidad de sus actos, no tanto como un mecanismo de reaseguro jurídico de su futuro, sino como una cabal medida de la legitimidad de las acciones que el Estado adopta para resolver situaciones de crisis.
Si un gobierno perdió tanto tiempo sin crear políticas estables, claras y al alcance de todos para prevenir situaciones de daños sistémicos a la economía como el que estamos viviendo con la sequía en estos días, sospecho que debería desandar el camino, deshacerse de aquellos funcionarios que evidentemente no sirven para nada y abocarse a concertar soluciones con los que sí saben.
El autor fue subsecretario de Agricultura durante la presidencia de
Fernando de la Rúa.
