A partir de hoy, cuando la presidenta Cristina Fernández regrese de su gira por Cuba y Venezuela, el Gobierno dará los pasos finales previos al anuncio de las medidas para auxiliar al campo en la peor sequía en décadas, que prevé modificaciones en el pago de retenciones agropecuarias.
Según fuentes oficiales, a comienzos de la semana entrante, la Presidenta anunciará las medidas que incidirán en el pago del tributo a las exportaciones de granos y otros productos agropecuarios e incluirían a la soja. Las tres alternativas que se barajan, tal como anticipó El Cronista ayer, son: diferir el pago, en el marco de la ley de emergencia agropecuaria; establecer un plan Soja plus, con el cual se devolvería un porcentaje por cada tonelada adicional producida –aunque con números más acordes a la realidad actual del sector–; y pagar compensaciones a los productores más damnificados.
Así, el Gobierno reaccionaría ante la situación imperante en las provincias afectadas por la sequía. Cada vez más gobernadores reclaman al Ejecutivo nacional ayuda para los productores de sus distritos. Ayer, el mandatario correntino, Ricardo Colombi, declaró el estado de “emergencia y/o desastre agropecuario a todos los departamentos” de su provincia, hasta el 30 de junio. Se suma así a Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Santiago del Estero, entre otras.
Sin embargo, la desconfianza de la dirigencia rural para con el Gobierno no cesa. Si bien el miércoles la mesa de enlace fue mesurada y se limitó a reclamar, mediante un petitorio, “medidas urgentes” a la Presidenta, sin llamar a la protesta, dirigentes consultados por este diario manifestaron sus dudas sobre si los inminentes anuncios oficiales ayudarán a los productores damnificados.
El presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, afirmó en declaraciones radiales que las iniciativas del Gobierno sin consenso con las organizaciones rurales son “una falta de respeto absoluto” y agregó: “Se hace un uso indiscrecional (sic) de los recursos. Es una falta de tino”. Buzzi apuntó contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien “desparrama maíz a los productores sin esperar a los intendentes”, lo que es “la mayor falta de respeto” hacia el sector.
A su turno, el vicepresidente de FAA, Ulises Forte, apuntó contra el jefe de Gabiente, Sergio Massa: “Sería importante que el gobierno, en vez de no soltarnos la mano, nos la saque del cogote, porque nos están ahorcando”, ironizó. Para Forte, la ayuda de entre $ 600 millones y $ 800 millones prometida por el Gobierno “es insuficiente y demuestra que somos socios en las ganancias, pero no en las pérdidas”. Y agregó: “Sería importante que se cumpla el petitorio y nos reciba Massa”.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales (CRA), Ricardo Buryaile, descree que prorrogar el pago de retenciones dentro de la emergencia agropecuaria nacional sea una ayuda. “Es patear el problema hacia adelante, porque se le genera al productor un endeudamiento ficticio. Igual va a seguir perdiendo plata, y es ilógico pensar que alguien que pierde tenga que pagarle al Estado”, expresó.
Pero el director secretario de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, opinó que una eventual prórroga en el pago del tributo a la exportación “sería lo más razonable, y más si se acompaña con una condonación para las zonas de desastre”. Pelegrina entendió que esto sería “una baja real en las retenciones, a diferencia de un plan al estilo Trigo plus o Maíz plus”, y lamentó la falta de diálogo entre el Gobierno y la dirigencia rural.
