Ricardo Echegaray no llegó a cumplir, por pocos días, nueve meses al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Onnca), pero para los productores y exportadores de agroalimentos, su gestión peor que un parto. El funcionario no se apartó ni un ápice de los objetivos oficiales que, a propósito de la protección de la seguridad alimentaria de la mesa de los argentinos, se ensañaron en controlar al sector de las exportaciones agroalimentarias como a ningún otro en la Argentina.

Durante la gestión de quien es hoy el hombre máximo de la Afip, se dictaron resoluciones de lo más impopulares para el sector rural, una seguidilla de normas que fueron acrecentando la confrontación iniciada por la hoy “limitada” resolución 125 que el 12 de marzo logró imponer por cuatro meses las retenciones móviles a los granos, y el mayor conflicto de la era Kirchner.

A fines de mayo, la resolución 543 de la Oncca redujo el plazo de los embarques de granos, limitando a 45 días la vigencia de los permisos de exportación de granos (ROE Verde). Ese período, hasta noviembre de 2007 era de 360 días para todos los productos. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la medida “impidió concretar ventas anticipadas, cubrir demandas normales del comercio internacional” y, como consecuencia, se generó una fortísima contracción de las operaciones en los mercados de futuros.

Los plazos de embarque se flexibilizaron luego, en parte, contra pago anticipado de retenciones, pero la incertidumbre general del negocio no tentó a los exportadores y la medida tuvo prácticamente nula aceptación.

En esa misma resolución, la Oncca dispuso que determinaría periódicamente el remanente de volumen exportable de trigo antes de otorgar permisos de exportación. Los ROE verdes serían entregados calculando un encaje de 20%, “para prevenir contingencias que pudieren originar futuros faltantes” en el mercado interno, reza la resolución.

Pese a que Ricardo Echegaray dijo que ampliaría la lista de alimentos con remanentes de contingencia obligatorios, otras urgencias lo evitaron.

La resolución 3433 del 27 de agosto estableció un encaje del 75% de su stock a las plantas frigoríficas, que debían asegurar ese porcentaje al abastecimiento del mercado interno para poder exportar el 25% restante de carne vacuna. Las críticas se multiplicaron, pero el encaje sigue vigente hoy para liberar las ventas externas de prácticamente la totalidad de las carnes que envía el país.

Más allá de estas resoluciones, las más controvertidas, la gestión de Echegaray se recordará signada por el control de las exportaciones de cereales, carnes y lácteos a través de la entrega a cuentagotas de los permisos. Los exportadores de carne vivieron su peor mes en abril, mientras que a las pymes queseras les tocó su peor época en septiembre, y los registros de cereales estuvieron cerrados, de hecho, prácticamente todo el año.

Otra contra que se le adjudica a la última gestión es la falta de información que antes era pública. La Oficina dejó de publicar datos periódicos de la evoluciones de las ventas externas de productos y de los embarques concretados, datos útiles para que los productores tomaran decisiones para sus ventas.

Como contrapartida, los ruralistas reconocen que la gestión Echegaray aceleró el pago de compensaciones, por las que se entregaron en 2008 cerca de $ 3.500 millones. También se le adjudica la informatización de algunas inscripciones y otros trámites.

Echegaray gestionó el período de mayor exposición pública de la Oncca (dependiente de la Secretaría de Agricultura) y también el de mayores críticas. Deja a uno de sus colaboradores más directos, Emilio Eyras, que garantiza la continuidad de la política de seguridad alimentaria en un año que la Argentina enfrenta con un drástico recorte en la cosecha de cereales, que deberán ser repartidos entre la mesa de los argentinos y la de otros comensales del mundo.