Pese a la repatriación de capitales que alienta el Gobierno, que en el caso de la actividad agropecuaria permitiría volcarlos a cambio de pagar un impuesto del 1% a la compra de campos, la medida no es recibida con beneplácito en el sector.
"No compartimos la idea de un blanqueo sin investigación de los orígenes de esos fondos, porque no queremos que desde el Estado se alienten la corrupción y la evasión", dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías. "Nos gustaría que en la Argentina los campos que se puedan vender los comprara la gente que trabaja honradamente y no los lavadores internacionales. Queremos que se aliente la inversión con ética", dijo Llambías, desde la Exposición Rural del Valle de Chubut, en Trelew.
Por su parte, los expertos del negocio inmobiliario dudan del impacto de la medida. Aunque parte del dinero que eventualmente ingrese podría derivarse a la adquisición de tierras, argumentan que no resulta un suficiente atractivo en un país donde las reglas cambian sin aviso.
Después de seis años de una continua suba de los precios, la tendencia se frenó y ahora los especialistas se dividen entre quienes creen que podría haber una baja en las tierras en torno del 10% en 2009 y los que sostienen que la crisis internacional sería una oportunidad para que la inversión privada viera en la tierra un refugio. La pérdida de rentabilidad en el campo es uno de los argumentos que con más fuerza abonan quienes creen que habría un reajuste en los valores. Por el contrario, si hubiera capitales llegando al sector, otros expertos suponen que se evitaría la virtual caída de las cotizaciones. Hoy, una hectárea en la zona núcleo cuesta unos US$ 12.000 de promedio, tres veces más que en 2002.
"Tengo mis dudas sobre cuánta gente se va a acoger a esta invitación a blanquear sus fondos, y menos que los traigan a un país donde semana a semana el Gobierno se esfuerza por desalentar cualquier inversión", comentó a LA NACION Mariano Maurette, especialista del negocio de campos de Alzaga Unzué & Cía.
Según Maurette, la propuesta oficial es "tentadora" para quienes están comprometidos legalmente. "Les abre la puerta a personas cuya situación legal es comprometida. Supongo que del porcentaje que se declare y vuelva al país va a haber una proporción no menor que pueda ser destinada a tierras", subrayó.
Según Alejandro de Elizalde, de Elizalde Garrahan & Cía, el proyecto favorece más a los que "estuvieron fuera de la ley que a incentivar la producción" y cree que la medida "no modificará los valores de la tierra [ya que] la valuación tiene que ver con la rentabilidad y el equilibrio entre la oferta y la demanda".
Según Guillermo Villagra, socio de la consultora Openagro, las medidas oficiales "no son suficiente atractivo" para la inversión.
Marcos Lanusse, de Madero & Lanusse, estima que el impuesto del 1% que gravará el dinero destinado a la inversión en tierras puede tener impacto en el mercado, aunque cree que su dimensión "va a estar ligada a la cantidad de plata que vuelva al país".
