Pese a que algún opositor cuestiona desde el kirchnerismo (es ridículo el legislador porteño Diego Kravetz cuestionando desde la agencia estatal de noticias Télam cuando el Gobierno envió al Congreso la prórroga de tributos como el Impuesto al Cheque y a la Renta Presunta), la idea es extender el cobro del Impuesto al Sello.
El tributo alcanzaría ahora a la compraventa de autos usados, la contratación de pólizas de seguros y los resúmenes de cuenta de las tarjetas de crédito, contratos privados hoy no gravados.
La iniciativa fue incluida en el proyecto de Ley Tarifaria y Código Fiscal para el año 2009, que empezarán a debatirse la semana que viene en la Legislatura.
El impuesto al sello se paga cada vez que se hace una transferencia de inmuebles o alquileres comerciales. Hoy lo abonan la compraventa de propiedades (salvo las viviendas únicas de hasta $ 360.000), los alquileres de locales comerciales y de viviendas para turistas, y la compra de embarcaciones y aeronaves deportivas. Con este impuesto, la Ciudad recaudará en 2008, $ 350 millones.
Si prospera la iniciativa oficial, cada vez que se transfiera un auto usado se pagará el 2% (podría abonarlo el comprador, el vendedor o por mitades). Además, habrá que pagar 0,8% de la prima cuando se firme una póliza de seguros de automotores, vida, retiro, o contra robo o incendio de una propiedad.
Y cada vez que una tarjeta de crédito envíe el resumen mensual de gastos, habrá que pagar un 6 por mil de lo consumido. Así, en una compra de $ 3.000 habría que pagar $ 18 al Estado.
Hoy casi todas las provincias, incluida la de Buenos Aires, cobran el impuesto al sello sobre los resúmenes de las tarjetas de crédito.
La necesidad es ampliar la caja, luego de la negativa de la Nación de avalar la emisión de un bono por $ 1.500 millones para financiar obras.
El lunes, el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, visitará la Legislatura para defender el Presupuesto, el código fiscal y la ley tributaria.
En tanto la kirchnerista Municipalidad de Córdoba, que comanda Daniel Giacomino, lanzará la semana próxima la operatoria de los Certificados de Cancelación de Obligaciones Municipales (Cercom), para que el municipio comience a achicar la enorme deuda que mantiene con sus proveedores y, al mismo tiempo, para salir a cobrar deudas a vecinos, anteriores a diciembre de 2006.
Si pagan de contado y a antes de fin de año a través de la operatoria de los Cercom, los vecinos que mantienen deudas con el municipio obtendrán condonaciones de hasta el 100% de los recargos, intereses y accesorios. En el caso de las deudas que ya se encuentran en Procuración Fiscal, la condonación máxima será del 90% de los intereses y deberá abonarse la totalidad de los honorarios y gastos judiciales.
Según lo informado desde el Palacio 6 de Julio, el beneficio que supone el pago con Cercom será el último previo a dos decisiones amenazantes:
Los titulares de inmuebles que a fin de año registren deudas, perderán de manera automática el descuento del 30% que rige desde diciembre de 1999. Esta disposición irá al Concejo Deliberante junto al paquete tributario que acompañará al revalúo inmobiliario que los ediles recibirán en pocos días; y
La ejecución judicial de los inmuebles con deudas abultadas cuyos propietarios no hayan demostrado voluntad de pago. El fortalecimiento del área de Procuración Fiscal hizo que centenares de juicios avancen rápidamente y en el Palacio 6 de Julio aseguran que habrá numerosos remates en 2009.
Y algo más acerca de Córoba: la provincia representa hoy día la contracara de lo que pretende Macri en la Ciudad: el Gobierno de Juan Schiaretti necesita que la Nación le refinancie el 85% de la amortización de capital de deuda que debe afrontar el año próximo, según lo prevé el presupuesto para 2009 que fue entregado ayer en la Legislatura por el ministro de Finanzas, Ángel Mario Elettore.
En 2009, la Provincia debe afrontar amortización de deuda por $734 millones, de los cuales $662,3 millones deberían ser refinanciados por la Nación a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF). La refinanciación será solicitada en función de que Córdoba cumple con la ley de Responsabilidad Fiscal.
Esa dependencia económica que tiene la Provincia para afrontar la deuda, que según el ministro Elettore totaliza $8.114 millones, obligará al gobernador Juan Schiaretti a preservar una muy buena relación con la Casa Rosada. Más si se agrega que la Anses también tiene que aportarle el año próximo $690 millones para refinanciar el déficit previsional.
Al ser consultado respecto a si los $622 millones que financiará la Nación están asegurados, Elettore admitió que "el PAF nunca está asegurado". Pero remarcó que días atrás habló del tema con su par nacional, Carlos Fernández, y dijo que se consideró que el monto a refinanciar "surge como razonable".
