Desde el lanzamiento sorpresivo del proyecto kirchnerista de eliminación del régimen previsional de capitalización, el discurso oficial se concentró básicamente en hacer acusaciones, que incluyeron una dosis de distorsión de los datos referidos al funcionamiento y a la realidad del régimen jubilatorio vigente.

En cambio, quedó relegado el debate por el sistema que queremos para el futuro o, por lo menos, una argumentación con la que los funcionarios expliquen con proyecciones a la vista por qué, con estos cambios, creen que vamos a tener un sistema sustentable. Porque un modelo previsional debe estar pensado para el largo plazo.

El debate de fondo no es si el sistema tiene que ser público o privado. El desafío es tener un régimen que, más allá de cómo se gestione, sea previsible, financiable y sostenible por muchos años.

Se puso fuerte énfasis desde el Gobierno en decir que muchos países desarrollados mantienen vigentes sus sistemas de reparto administrados por los Estados. Esos regímenes fueron objeto de reformas tendientes a reducir déficit y a prever su capacidad de pago en el futuro. Los cambios, por lo general, tienen que ver con las llamadas "reformas paramétricas", que significan recortes en los beneficios prometidos o elevación de los requisitos para acceder a las prestaciones.

La raíz de esas modificaciones es el fenómeno del envejecimiento poblacional, algo a lo que debe prestar especial atención un sistema con un esquema de financiamiento intergeneracional. La Argentina no está al margen de la tendencia al envejecimiento de su sociedad. Pero el tema está quedando al margen del debate. Y lo curioso es que varios legisladores que en 1993 se esforzaron por convencer a todos de que el sistema de reparto estaba definitivamente quebrado, hoy son los mismos que dicen tener la convicción de que ese el mejor mecanismo para las jubilaciones del futuro.

En muchos casos, en países con sistemas de reparto existe una práctica de los trabajadores de realizar aportes voluntarios o convenidos ?en este segundo caso, el trabajador pone algo en una cuenta particular, y a la vez su empresa o el Estado depositan algo en contraparte- para mejorar la renta en el momento del retiro. Esas opciones tienden a fortalecer los pagos que estarían en condiciones de otorgar los regímenes de la seguridad social pública y son una manera de generar un sistema mixto, que no deje toda la carga de los compromisos futuros sobre una única forma de financiamiento estatal. ¿Existiría en nuestro país una predisposición a hacer contribuciones de este tipo?

La reforma que hoy se discute va en el sentido contrario de tener un sistema mixto, como es de hecho el que tenemos hasta ahora, más allá de la necesidad de analizar y promover modificaciones para su funcionamiento. Hoy no existe un sistema privado sino un sistema en el que una administradora, a opción del trabajador, tiene la obligación de resguardar fondos en una cuenta individual y nominada, provenientes de los aportes personales, mientras que por ese mismo trabajador, el Estado recibe el dinero de las contribuciones patronales. Al final de la vida laboral, tanto el ahorro capitalizado como una parte de los recursos del sector público integrarán el haber previsional. Por eso, el sector público no "subsidia" al de capitalización, sino que participa de él según lo que estaba previsto.

Un tema que la propuesta oficial no atiende, es el de definir qué respuesta se les dará a las personas que a la edad de jubilarse tengan pocos años de aportes, un problema que afecta a buena parte de los trabajadores y que no tiene que ver con estar afiliado a capitalización o a reparto. Hoy por hoy, quien tiene un saldo acumulado en una AFJP puede acceder a él una vez cumplida la edad del retiro, de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones. Para poder cobrar las prestaciones de reparto se requiere, además de la edad, contar con al menos 30 años de contribuciones. En el texto enviado por el Poder Ejecutivo, nada se incluyó respecto del pago de beneficios en forma proporcional a la cantidad de años aportados. Una propuesta en ese sentido había sido analizada años atrás. Sin embargo, y pese a la magnitud del problema de la informalidad laboral y de la baja densidad de aportes, el tema figura entre los obviados en el debate actual.