Pues los Kirchner no pueden dar marcha atrás con la medida, tampoco enfrentarse a otro dolor de cabeza como fue la Resolución 125, ni pueden justificar lo injustificable, por eso están dispuestos a entregarle una cabeza al español y el Golden Boy está a punto de convertirse en el próximo Martín Lousteau.

Se disparó la carrera dentro del Gobierno para elevar un culpable por el manejo de la estatización de las jubilaciones privadas, la liquidación de las AFJP, y los allanamientos.

En principio, fue a Martín Redrado, el "golden boy" como lo llaman puertas adentro, a quien quisieron acusar de haber emitido información que resultó falsa sobre los manejos de las privadas.

Básicamente, resultó que de los allanamientos realizados ayer no se encontró nada. No obtuvieron siquiera un comprobante que acredite ventas especulativas y nadie quedó satisfecho. Menos aún el juez federal Claudio Bonadío, quien se prestó al juego rosado: ayer el Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia contra el juez, que había sido acusado de mal desempeño en la causa que investigaba a los líderes de Montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, a quienes Bonadío había ordenado detener. El magistrado había sido denunciado en 2003, luego de que la Cámara de Apelaciones lo separó de la causa por considerar que había sido "arbitrario". Ayer, los únicos consejeros que se opusieron a la desestimación fueron los radicales.

En fin, el trabajo que se realiza por estas horas es el de encontrar un culpable de haber hecho lo que se hizo y cómo se hicieron los allanamientos a las AFJP que causaron un verdadero revuelo internacional.

En efecto, la diplomacia argentina en Madrid recibió ayer los coletazos, sobre todo los del propio presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

El gobierno del líder socialista citó en las últimas horas al embajador argentino en España, Carlos Bettini, para transmitirle la inquietud que generó en el país europeo el anuncio oficial.

Fuentes del gobierno argentino dijeron que el encuentro fue pedido por la diplomacia española. La razón obvia fue la disolución del sistema previsional que tenía a las AFJP como protagonistas y que provocó un derrumbe dramático de las acciones de las empresas españolas con capitales en la Argentina, ya que muchas de ellas, de Repsol YPF al BBVA, tienen un componente accionario en manos de las administradoras privadas que ahora pasaría a manos del Estado.

O sea, el Estado argentino tendría, de prosperar la iniciativa, participación en muchas firmas, en algunos casos controlando más del 20% del paquete accionario, como eventualmente sucedería con Gas Natural Ban.

A esto se suma el panorama crítico que abre una eventual expropiación de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, el diálogo estuvo centrado en los desaguisados del anuncio previsional.

Una serie de preguntas sobre los motivos que llevaron a la decisión adoptada por la Casa Rosada esperaban al embajador argentino en los despachos oficiales españoles.

En cualquier caso, Zapatero y Cristina de Kirchner volverán a encontrarse cara a cara el próximo jueves, en la Cumbre Iberoamericana en El Salvador. El propio mandatario español pidió hablar con su par argentina y ahora ella debe entregar una cabeza en la reunión a la que accedió.

¿Quién caerá en este perverso manejo K? ¿Quién será el culpable de los allanamientos que sin culpas ni penas entregará el Gobierno para no perderse los millones que necesitan para pagar vencimientos el año que viene?

O sea, ¿quién será el próximo Martín Lousteau? Porque para colmo de desastres, reaparecieron los fantasmas del conflicto con la resolución 125, sobre todo cuando el vicepresidente de la Nación, Julio César Cleto Cobos salió a advertir que todo se debe hacer con consenso. ¿Recuerda? Las mismas palabras que utilizó cuando el Gobierno, su propio Gobierno, del cual está distanciado, decidió arremeter con todo contra el campo.

Fue ayer durante su visita como vicepresidente al partido de San Pedro, en provincia de Buenos Aires. "En este tema lo importante es abrir un amplio y serio debate en el Congreso porque no estamos hablando de algo coyuntural", dijo y agregó "aquí lo que hay que observar la jubilación de hoy y de nosotros para el futuro. Se requiere una ley consensuada en un 100%".

Y ahora el PJ disidente también amenaza con votar junto con la oposición.

En efecto, en el propio oficialismo de la Cámara de Diputados no todo son elogios al polémico proyecto. En algunos despachos comenzaron a oírse reparos a la iniciativa, que apuntan a la falta de precisiones en el texto sobre el destino que se les dará a los fondos de los aportantes privados que recalarán en el Estado. En concreto, varios diputados oficialistas pretenden mayores garantías de protección de aquellos recursos.

"El dinero de los aportantes no es ni del Gobierno ni de las AFJP", dijo al matutino La Nación el diputado Jorge Obeid (Santa Fe). "Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado y votaré a favor de la iniciativa en general, pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados para gastos corrientes y pago de deuda pública".

Sin embargo, quienes no se contentan con simples retoques en el proyecto oficial son los diputados díscolos del PJ encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y el mendocino Enrique Thomas.

Este grupo -entre cinco y ocho legisladores- cuestiona que se elimine de un plumazo el sistema privado de jubilaciones sin respetar los derechos individuales de los aportantes. Afirman no defender a las AFJP, al contrario, pero son partidarios de un cambio gradual de sistema, no tan traumático.

Por su parte, la Coalición Cívica y el PRO se muestran intransigentes. Y el gobierno, además, deberá evitar fisuras en el kirchnerismo.

Sobradas razones todas para que el oficialismo se preocupe por acelerar los votos en el Congreso. Ayer, Pichetto fue instruido por la presidente para que esta vez no se le escapen los votos, como le sucediera con las retenciones móviles.

Cristina quiere asegurarse no dejar ningún flanco abierto que pueda convertirse en un nuevo dolor de cabeza.

En la reunión, de la que participó además el ministro del Interior, Florencio Randazzo, Rossi y Pichetto se habrían comprometido a lograr que antes de fin de noviembre los bloques oficialistas conseguirían aprobar la ley de Presupuesto nacional 2009 y también el régimen de estatización de las AFJP.