Inadvertido en medio de la incesante catarata de escándalos que sacude al kirchnerismo, el 4 del corriente mes se cumplió un año de uno de los más sonados casos de corrupción de la actual gestión: el secuestro de la valija con 800.000 dólares que el venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson quiso ingresar en la Argentina tras bajar de un taxi aéreo contratado por la empresa estatal argentina Enarsa.

Por tratarse, debido a la valija, de algo mucho más gráfico y asible que el complejo caso Skanska, con sus coimas y sobreprecios millonarios en gasoductos, el llamado "valijagate" y sus dólares de origen desconocido se convirtió en símbolo de la corrupción kirchnerista, que nada tiene que envidiarle a la del menemismo, precursor en el trasiego de valijas con dólares, como las del "narcogate" o lavado de dinero de la droga, en 1991.

En este sentido, hay una continuidad entre los gobiernos de los Kirchner y los de Carlos Menem. Esta continuidad se extiende a la forma como la Justicia aletarga las investigaciones de estos hechos, al tiempo que procura beneficiar a los funcionarios involucrados.

Porque poco ha avanzado la Justicia desde aquel 4 de agosto del año pasado, cuando la valija de Antonini Wilson fue secuestrada en el Aeroparque ante la mirada de sus compañeros de vuelo desde Caracas, como el entonces titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti; su secretaria, Victoria Bereziuk, y el presidente de la empresa estatal Enarsa, Exequiel Espinoza. Poco se ha avanzado, pese a que el caso adquirió una mayor dimensión, primero, cuando se supo que, en el marco de la investigación nor- teamericana, uno de los involucrados sostuvo que el dinero estaba destinado a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Después, cuando se confirmó que, apenas se produjo el secuestro de los dólares, Uberti se comunicó varias veces con la quinta presidencial de Olivos.

Sin embargo, como ya cuestionamos en esta columna editorial, el juez federal Daniel Petrone, nombrado recientemente por la Presidenta, eliminó del expediente la figura de contrabando y la reemplazó por la de lavado de dinero, más difícil de probar que el contrabando y, además, excarcelable. Luego, el juez benefició a Uberti con una falta de mérito. En cuanto a Espinoza, también compañero de viaje de Antonini Wilson y responsable de la empresa que contrató el taxi aéreo, aún no ha sido imputado.

Mientras tanto, el caso Skanska languidece, igual que las causas conexas a que dio origen, todas referidas a presuntos negociados con las obras públicas. La investigación del recorrido y monto de los fondos de Santa Cruz que Néstor Kirchner depositó en el exterior cuando fue gobernador de esa provincia se archivó, igual que la del notorio incremento del patrimonio de la pareja presidencial.

Pero, al mismo tiempo, quizá debido a una especie de ley de las compensaciones, denuncias de particulares obligaron a la Justicia a abrir investigaciones sobre el presunto pago de coimas de Siemens a funcionarios durante el gobierno de Néstor Kirchner, y sobre el sospechoso descuido que, a costa del fisco, habría permitido a las grandes exportadoras de granos quedarse con millones de dólares.

Ante este panorama, no debe extrañar que, desde hace años, la Argentina obtenga malas calificaciones en los rankings de corrupción o transparencia institucional que elaboran entidades internacionales. Según el informe difundido el año pasado por la organización Transparencia Internacional, nuestro país apareció en el lugar 105° de la tabla de posiciones, sobre un total de 179 naciones relevadas, y se ubicó entre los Estados de mayor corrupción de América latina.

Por otra parte, según el Barómetro Global 2007, el 70 por ciento de los argentinos señaló que el Estado había sido muy poco efectivo para combatir la corrupción, debido al alto nivel de informalidad en la gestión pública, a la baja institucionalidad existente y a la debilidad de los organismos de control.

Poco tiempo atrás, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran 30 países desarrollados, exhortó a la Argentina a adoptar medidas para sancionar a las empresas que cometan actos de corrupción. Dicha exhortación se produjo luego de la visita de una misión que vino en diciembre último y determinó que algunas compañías radicadas en la Argentina admitieron que deben adoptar prácticas poco claras para concretar negocios. Por otro lado, existe una fuerte preocupación por la falta de avances en la formulación de medidas para sancionar la responsabilidad de las empresas en casos de corrupción.

Tampoco faltaron en el informe comentarios críticos respecto del proceder de las empresas, por su falta de compromiso en la lucha contra este grave y endémico problema.

El reciente caso del fusilamiento en un descampado de General Rodríguez de tres jóvenes empresarios también pone sobre el tapete el tema de los aportes empresariales a las campañas presidenciales. Uno de los asesinados, Sebastián Forza, era propietario de una droguería que fue una de las principales aportantes a la campaña de Cristina Kirchner. Da la casualidad de que uno de los recaudadores, Héctor Capaccioli, es el superintendente de Servicios de la Salud, encargado de supervisar empresas proveedoras de servicios de salud.

La corrupción ha llegado a formar parte del sistema político, lo que demuestra que existen instituciones débiles. Para desterrar la cultura de la corrupción, tanto del ámbito público como del privado, deberá garantizarse la ausencia absoluta de impunidad, cuyo presupuesto fundamental es la independencia real y efectiva del Poder Judicial. Sin una justicia independiente, no hay forma alguna de combatir la corrupción. También deberá contarse con una apropiada desregulación y transparencia de la actividad económica, sin manipulaciones y con el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas, con una prensa libre y el acceso directo del público a la información relacionada con el ejercicio de poder y las actividades gubernamentales.

Financiamiento electoral

Empresas de salud, principales aportantes del kirchnerismo

Donaron fondos en 2003, 2005 y 2007

Por Gabriel Sued y Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

Aunque el triple crimen de General Rodríguez lo puso bajo sospecha por primera vez, el generoso aporte de las empresas de salud al financiamiento de la campaña electoral de la actual Presidenta no es una novedad en la historia del kirchnerismo: el sector contribuyó más que ningún otro en las elecciones en las que Néstor Kirchner ganó la presidencia y en los comicios legislativos de octubre de 2005, en los que el oficialismo arrasó.

De los más de 10 millones de pesos que declaró en 2007 el Frente para la Victoria (FPV) en concepto de aportes de empresas, el 36,5% lo donaron firmas del sector de la salud, en su mayoría, laboratorios, droguerías y compañías de prótesis e insumos hospitalarios.

En las elecciones legislativas de 2005, sólo en la ciudad de Buenos Aires el oficialismo declaró haber recibido $ 578.000 de empresas, de los cuales 186.000 (32,2%) los aportaron compañías del sector. Según los informes del FPV a la justicia electoral, confiados a LA NACION, el porcentaje fue similar en los comicios presidenciales de 2003: de los $ 360.000 donados por las firmas privadas, el 34,7 por ciento, $ 125.000, provino del empresariado relacionado con el área de la salud.

Las tres campañas guardan una coincidencia extra: uno de los principales recaudadores del oficialismo fue el funcionario vinculado con el ex jefe de Gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Héctor Capaccioli, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Este es el organismo estatal encargado de supervisar las obras sociales y otros agentes encargados de las prestaciones del sector.

El vínculo entre el Gobierno y las empresas de salud quedó bajo sospecha el 14 de este mes, cuando se supo que Seacamp SA, de Sebastián Forza, uno de los tres empresarios que 24 horas antes habían aparecidos acribillados en un zanjón de General Rodríguez, había aportado $ 200.000 a la campaña de Cristina Kirchner.

Las revelaciones se sucedieron con el correr de los días y, con ellas, se multiplicaron las sospechas. Según denunció la ministra de Salud, Graciela Ocaña, otra de las empresas de Forza, Baires Med, formaba parte de una red que falsificaba y traficaba medicamentos para la hemofilia. En esa maniobra participó también otra de las compañías que financiaron la campaña de Cristina Kirchner: la Droguería Unifarma, que donó $ 160.000.

La tercera de las empresas que Ocaña denunció fue la droguería San Javier. Uno de los socios de esa firma es Carlos Horacio Torres, presidente de Multipharma SA, la empresa de salud que más colaboró con la campaña de Cristina Kirchner: puso $ 376.000.

Informante de la DEA

Torres, inscripto como monotributista de la categoría más baja, hizo además una donación particular de $ 325.000. La misma cantidad aportó el empresario de la industria de los laboratorios Julio César Posse, a quien la Justicia investiga por una versión que lo acusa de ser informante de la DEA y de haber amenazado a Forza.

El propio Capaccioli reconoció haber recibido los aportes de Seacamp y haber pedido donaciones a las empresas de su sector para la campaña de 2007, pero negó tener vinculación alguna con Forza.

Ante una consulta de LA NACION, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dijo que no había una explicación para el aporte de las empresas de salud a los gastos proselitistas del kirchnerismo, pero rechazó toda sospecha: "En febrero, Ocaña le suspendió el permiso para ser proveedora del Estado a la empresa de Forza. Eso demuestra que acá nadie compra impunidad".

Entre algunas de las empresas que aportaron a las campañas de 2005 y 2003, también recaen varias dudas. Una de las que aparecen en los dos listados, droguería Plaza, es investigada por dos maniobras de adulteración de medicamentos, detectadas por el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Partidas irregulares

Fuentes del organismo, que está dentro de la órbita del Ministerio de Salud, detallaron a LA NACION que en esa droguería se habían secuestrado partidas irregulares del medicamento Kaletra, contra el sida, y que en una de ellas se había borrado de los envases la inscripción "Programa Nacional de Sida. Prohibida su venta".

De acuerdo con la investigación oficial, Plaza los había comprado a la droguería Eglis y ésta a Baires Med, de la que Forza era apoderado. Eglis aportó $ 25.000 para la campaña kirchnerista de 2005.

La droguería Plaza donó, según los registros oficiales, $ 5000 en la campaña de 2003 y $ 25.000 en la de 2005, con lo que se convirtió en una de las compañías que más aportaron para esas elecciones legislativas, en las que el oficialismo postuló, en la Capital, a Rafael Bielsa para la Cámara de Diputados.

También donaron $ 25.000 a esa campaña Ceditrin, JCNC SRL, Implantes SB y SOMA SRL, las dos últimas, presentes, además, en el registro de 2003, con $ 10.000 cada una. Implantes SB, asimismo, puso $ 100.000 en 2007.

En el informe de financiamiento electoral de 2003, además de SOMA e Implantes SB, quedó registrado el esfuerzo de otras diez empresas del sector de la salud, que donaron $ 10.000 cada una.

Ellas son Cardiovascular Aeronáutico, firma dedicada a los servicios de internación; el laboratorio High Medic Group SA; Solpa SA; Cenofad; Labomed SA; Asistencia de Salud Mental; Ormedic SRL; New Lici Salud SRL; Hexal SA y Clínica Geriátrica Guayaquil SA.

Aportes, en la mira

El dinero para la campaña

· El sector de la salud fue el que más contribuyó en las elecciones en las que Néstor Kirchner ganó la presidencia, en los comicios de 2005 y en las presidenciales de 2007.

· El vínculo entre las empresas de salud y el Gobierno quedó bajo sospecha cuando la empresa Seacamp SA, de Sebastián Forza, figuró como aportante de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.

· En todas las campañas del kirchnerismo el recaudador fue Héctor Capacciolli, actual superintendente de Servicios de Salud y un hombre del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.