Con la anulación de la famosa 125, los derechos de exportación para la soja vuelven a una alícuota fija del 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.

¿Es un triunfo de la razón sobre el oportunismo? ¿Es así de fácil? ¿O es tan sólo una maniobra más?

Llama la atención que, en el decreto de anulación, se continúe manteniendo el argumento de alcanzar mejor distribución del ingreso nacional a través de la implementación de los derechos de exportación, cuando está demostrado que, por ser un impuesto sobre los valores de facturación, resulta, a la postre, ser un gravamen regresivo, que afecta con mayor peso a los que mueven menores volúmenes. Y cuando está demostrado que restringe los recursos del interior para llevarlos al gobierno central.

Además está claro –algo que fue bien expuesto en el Senado- que estos impuestos quitan capacidad financiera para mantener la tierra en las condiciones originales. Porque es necesario entregar el nivel de nutrientes que se pierde en cada campaña, que representan unos 200 dólares/hectárea, en términos muy generales, por año.

En los análisis de rentabilidad no se consideran las amortizaciones sobre los bienes de capital ni se toma en cuenta el desgaste que sufre la tierra.
En los considerandos del decreto se remarca la "necesidad" de sostener un sistema de derechos de exportación "variables o móviles" con el objeto de asegurar "la protección del interés de los que menos tienen".

Y allí se asevera que es necesario discutir la instrumentación en el futuro de un esquema de retenciones móviles "en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones".

Textualmente, se dice: “Que manteniendo las convicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro país de un sistema de derechos de exportación variables o móviles con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse, en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.”

Son muchísimas las dudas que surgen cuando se lee el decreto. ¿Qué comportamiento tendrá el gobierno para el futuro más o menos inmediato?

Si uno debiera arriesgar una respuesta, diría que el decreto está mostrando la punta del ovillo.

No se trata de seguir a rajatabla el conocido “piensa mal, y acertarás” pero sí se trata de dejar la puerta abierta para otras posibilidades que puede depararnos el futuro. Más vale no dejar que el agua corra, cuando comienza a tomar un rumbo equivocado. Se trata de dar cauce, entre determinados parámetros, y no de frenar las aguas.

Dar cauce significa atacar con propuestas. Armar un plan estratégico para acercarlo al gobierno y a los medios.

Han corrido varias horas y está claro que, hoy, es el comienzo. No ha terminado la cuestión.

La incertidumbre, entonces, no ha cesado.

Por ello, no debe sorprender que los precios de los granos se hayan negociado, el primer día, luego de la anulación de la 125, de forma tan dispar.

La aparición, más regularizado, del mercado sojero argentino en el mundo también ha contribuido a la reducción de los precios.

¿Qué pasó en el primer día en el mercado local?

En tanto que el valor de la soja subió fuertemente pese a la bajas en los precios internacionales. Obviamente el precio local comenzó a alinearse con la nueva alícuota, mucho más reducida que la que imperaba hasta la semana pasada. Sin embargo no lo hizo en proporción exacta. La incertidumbre y el efecto “río revuelto” siguen operando sobre el mercado local.

Para el trigo, la molinería trabajó sobre un nivel de $ 650 por el cereal con gluten mínimo 26 y para el maíz, los operadores lo hicieron sobre $ 440 por la descarga contractual.