La información la dio ayer el propio titular de la AFIP ante los “Padres de la Patria” reunidos en el plenario de Comisiones de Agricultura y Presupuesto en el marco del tratamiento de la ley sobre retenciones móviles con media sanción de Diputados. En su exposición Moroni recordó el contexto de la sanción de la ley 26.351, cuando entre octubre y noviembre de 2007 explotaron los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) ante la inminente suba de los derechos de exportación a la soja del 27,5 al 35%, cinco meses antes de la creación de las retenciones móviles.
Gracias a esa previsión que tuvieron los exportadores de anotar unos 18 millones de toneladas entre grano y subproductos de una soja que recién comenzó a cosecharse en marzo de este año, las empresas exportadoras (siete firmas concentrar el 90% de las ventas) consiguieron congelar tanto el valor vigente entonces de la retención (27,5%) como el precio del grano en unos 340 dólares la tonelada aproximadamente, contra unos 580 dólares según la cotización de ayer en Chicago que debería pagar una retención cercana al 47% en la actualidad.
“Lamentablemente el texto de la ley (26.351) estableció con demasiada precisión, para mi gusto, que lo que podemos aplicar es la mayor alícuota dejando un punto (afuera) que es la base imponible”, explicó con una pizca de ironía Moroni a los mismos senadores que votaron la controvertida ley en diciembre.
“Porque la declaración jurada de la exportación no solo tiene una consecuencia en materia de alícuotas sino que también la tiene en la base imponible”, es decir el precio del grano, aclaró Moroni. “De hecho esas declaraciones Juradas tienen una base imponible (por) una declaración de valor de la tonelada de soja de aproximadamente 340 dólares”, dijo el funcionario.
“Ahora bien”, continuó, “pese a que hubiera sido -disculpen la simpleza- más fácil tener una ley que estableciera claramente que lo que se pudiera correr en el momento de la aplicación fuera tanto la alícuota como la base imponible, la investigación acerca de la correcta base imponible es una facultad que la AFIP posee”, disparó después el titular del organismo.
De allí que “hemos iniciado la semana pasada con el acuerdo de todas las áreas de la AFIP (las direcciones de fiscalización, la jurídica y la de aduanas) una investigación acerca de si no solo debemos aplicar una mayor alícuota que acrediten tenencia efectiva o adquisición, sino también debemos investigar la base imponible y elevarla a los valores vigentes”.
A la fecha la autoridad encargada, vía reglamentaria, de establecer si había tenencia efectiva o adquisición (sobre las DJVE como lo establece la ley Martínez Raymonda) es la Oncca, “que ya nos ha dado información de carencia de este requisito de aproximadamente 6,2 millones de toneladas” de soja, tal como lo informó El Enfiteuta.
“Nosotros creemos que el universo total a investigar es de aproximadamente 11 millones de toneladas”, confió Moroni aunque evitó dar estimaciones acerca del monto de liquidación en dólares que podría representar ese volumen.
A estos números podrían sumarse los del complejo aceitero ya que de 16 millones de toneladas de aceite declaradas “hay 15 millones que todavía tienen pendiente” demostrar la acreditación de la tenencia o adquisición al momento de la DJVE, según informó ayer Ricardo Echegaray, titular de la Oncca, también en el Senado.
Lo cierto es que la información oficial de la Dirección General de Aduana (DGA) muestra que entre el 1 de enero y hasta el 6 de julio de este año la alícuota promedio que se liquidó por derechos de exportación en porotos de soja osciló entre el 26 y el 34%. Así la liquidación por retenciones en materia de grano de soja en ese lapso fue de 514 millones de dólares.
De ese total apenas 1,43 millones de dólares corresponden a la liquidación de derechos de exportación por el adicional generado con la resolución 125 y su movilidad, sobre un total embarcado de 5,6 millones de toneladas de poroto, según datos de la DGA difundidos ayer.
La AFIP abrió una cuenta específica para la liquidación extra de las retenciones móviles superiores al 35% a los efectos de tener el monto preciso y aislado de cualquier otra recaudación, y de donde se espera pagar tanto las compensaciones a los fletes y la segmentación para pequeños productores de soja, según la modificación a la ley de la 125 que hizo Diputados.
Con ese dinero también se deberían financiar “30 hospitales de alta complejidad, más de 300 centros primarios de salud, la reparación y realización de caminos rurales, así como viviendas populares urbanas y rurales” tal como lo adelantó la presidenta de la Nación Cristina Fernández al anunciar la creación del Fondo de Redistribución Social, con el decreto 904/08.
El ambicioso objetivo no ha logrado a la fecha reunir recursos suficientes ya que la liquidación de derechos de exportación adicional por todo concepto (soja, subproductos, girasol y subproductos) que ingresó a la cuenta creada específicamente por la AFIP, desde el 11 de marzo al 6 de julio asciende a 2,6 millones de dólares (2.646.357 para ser exactos).
No obstante, Moroni advirtió que el Estado espera totalizar una recaudación adicional en torno a los 1.200 millones de dólares a partir de la resolución 125 y la ley que la ratifica. De ese total 812 millones, se calculan, serán devueltos a los productores vía sistema de compensaciones a partir de las modificaciones de la Cámara de Diputados. El resto, unos 388 millones, serán los que queden para la realización de la obra pública que ordena el decreto 904.
