Riego riesgoso. Los mandatarios de Rojas, Salto y Pergamino aseguran
que las empresas que arriendan los campos tienen pozos no declarados que podrían
contaminar sus cursos de agua.
Desde el comienzo del conflicto entre el Gobierno y el campo, los intendentes del “Triángulo de Oro” -localidades privilegiadas para el cultivo en el centro y sur de Buenos Aires- transitan un difícil equilibrio: mientras son aliados políticos del kirchnerismo, sus economías se mueven al ritmo de la producción agropecuaria.
Esa estabilidad podría quedar amenazada por una solicitud de los jefes comunales de Rojas, Salto y Pergamino al gobierno provincial: tener la supervisión de los pozos de agua de las empresas que arriendan tierras, un “servicio” por el cual quieren cobrar un canon a esas grandes compañías.
Nueve jefes comunales bonaerenses se reunieron con el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, a quien dijeron que la extracción del agua para el riego se realiza sin controles, lo que podría derivar en la contaminación de las napas con agroquímicos.
“Solamente en Rojas, que tiene 205.000 hectáreas, hay más de 160 pozos”, explicó a Críticadigital Norberto Aloé, intendente de esa localidad. “No están encamisados [con un caño que haga de pared con la tierra] y muchas veces no están declarados. Lo ideal es cada municipio maneje ese recurso. No hay derecho a que no pague un canon por un bien no renovable”, completó el mandatario del Frente para la Victoria.
El intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, confirmó a este medio la iniciativa: “la idea es cobrar una tasa, en concepto de retribución de un servicio que consistiría en la supervisión de las perforaciones”.
El control formal de los pozos corresponde a la Autoridad del Agua, dependiente del Ministerio de Infraestructura del gobierno provincial. Gutiérrez se queja de que esa supervisión “es una fantasía, ya que la Autoridad no tiene capacidad operativa para inspeccionar todos los pozos”. Para el intendente “la situación es grave: hay perforaciones clandestinas y se están incorporando herbicidas a nuestro acuífero”.
El mandatario adelantó que “los municipios de la zona crearíamos un grupo de inspectores de medio ambiente para detectar pozos no declarados, aplicar multas y radicar sanciones penales a las empresas en infracción”. Este “radical K” espera “una decisión política del gobierno provincial, pero la burocracia platense siempre ha sido refractaria a delegar”.
Con un tono más conciliador, el intendente de Salto Victorio Migliaro dijo que los funcionarios provinciales “están tratando el tema con la preocupación y celeridad” del caso, ya que “los pozos de las empresas llegan a consumir hasta 100.00 litros por hora para riego artificial”. Sin embargo, el justicialista aseguró a Críticadigital que “la tasa es lo que menos nos preocupa; lo importante es el uso intensivo del agua y la posibilidad latente de que los pozos mal hechos contaminen nuestras ciudades”.
