Se sabe que el actual presidente del Partido Justicialista es capaz de sostener conflictos en forma indefinida sin que crea necesario ceder en algún aspecto. Lo ha hecho con los bonistas que no aceptaron entrar en el canje de la deuda externa o con Uruguay por el conflicto con la pastera Botnia.

Ahora, sin embargo, se ha propuesto enfrentar al uno de los sectores que motoriza la economía argentina y representa un entramado social que vincula, directa o indirectamente, al 40 por ciento de la población del país.

El multitudinario acto realizado en Rosario el domingo pasado frente al Monumento a la Bandera representó, entre otras cosas, la expresión de una parte importantísima del país que elige una forma de vida y que debe ser considerada y respetada. Allí se expresó el reclamo por un país federal, con ciudadanos que no dependan de los caprichos del poder central y que quieren ser escuchados. El Gobierno, en vez tomar a esa manifestación de 200.000 o 300.000 personas como una amenaza política debería tomar nota del reclamo y aceptar que dejó llevar demasiado lejos el conflicto con el campo. Después de 80 días parece extraño que una simple diferencia de seis puntos porcentuales en una alícuota de derechos de exportación despierte semejante reacción en el Gobierno. Ni siquiera la necesidad de aumentar la recaudación del Estado.

Es posible que el ex presidente Kirchner tenga éxito en su estrategia de provocar el desgaste de los dirigentes del campo y los obligue a diluir la protesta hasta provocar la fatiga en el resto de la sociedad. Sin embargo, lo que debería medir son las consecuencias del mediano plazo. Estas se traducirán en menor produccción de carne, trigo y quizás maíz. No es posible decir lo mismo de la soja, porque este cultivo ha resistido hasta el momento todos los embates intervencionistas.

El otro efecto de este enfrentamiento con el campo es la retracción de las inversiones pese a que la Argentina, por capacidad de producción, potencial de desarrollo, nivel tecnológico y capital humano presenta condiciones únicas para la industria agroalimentaria.

Es bueno recordar que mientras esto sucede en el país, en el mundo se vive una explosión de la demanda de alimentos por el crecimiento generalizado de la economía. Hay países de América latina, como México, que son importadores netos de alimentos y que implementan medidas de defensa para enfrentar el alza de los precios de las materias primas. Aquí, si no hay una revisión de las políticas agropecuarias en pocos años ocurrirá lo mismo.

Hay otras explicaciones que, a esta altura, provocan irritación. Son las del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Más allá de los errores técnicos en los que incurre (llama a la soja cereal en vez de oleaginosa), presenta números, estadísticas y opiniones sobre la actividad agropecuaria que sólo aportan confusión. Habla de los supuestos perjuicios de la soja, pero al mismo tiempo presenta los récord de cosecha como un síntoma de que al campo le va bien. "¿Y el récord quien lo provoca?", se le podría preguntar (aunque es uno de los tantos funcionarios que no admite preguntas). ¡La soja!

La otra curiosidad son sus ataques a los propietarios que arriendan tierras. Habría que informarle que su jefe político, Néstor Kirchner, ha amasado su fortuna personal gracias al alquiler de propiedades en su Santa Cruz natal. También las críticas a los pools de siembra son llamativas. Cuando el Gobierno priorizó encontrarse cara a cara con empresarios agropecuarios antes de este conflicto eligió a los principales directivos de algunos de estos grupos. La cuestión de los pools merecería un análisis más extenso sobre sus ventajas o desventajas porque también son el blanco elegido para la demonización con pocos argumentos objetivos.

En el fondo, lo que el Gobierno demuestra es que carece de una política agropecuaria, salvo que se considere como tal al tipo de cambio (que está como en los tiempos del uno a uno) o el gasoil (que cuesta conseguir y es caro). Por ese motivo causan sorpresa las explicaciones de Alberto Fernández cuando pretende defender el aumento de las retenciones con el criterio de que deben alentarse otras producciones que no sean la soja.

Más allá de lo que ocurra en el corto plazo, es cierto que las 31 millones de hectáreas en las que se hace agricultura en el país se sembrarán de alguna manera. El debate que se abre con la decisión del Gobierno de enfrentarse con el campo es si lo harán miles de productores o un grupo reducido de empresas.