El Gobierno afirmó ayer que la discusión por las retenciones al agro quedó cerrada tras los cambios anunciados anteayer, y anticipó que trabajará en medidas para fomentar la producción alternativa de la soja.

Fuentes oficiales indicaron ayer a LA NACION que, aunque las entidades del campo sostengan lo contrario, "se les concedió todo lo que habían pedido, y los márgenes de rentabilidad siguen siendo más altos que los que esperaban en 2007, cuando las retenciones estaban en el 27% para la soja".

"El objetivo de estas medidas es capturar renta en la soja y fomentar el trigo y el maíz con mejores precios", comentó un funcionario, que aclaró que de ahora en más el foco del Ministerio de Economía estará colocado sobre "medidas microeconómicas, con más incentivos" para los pequeños y medianos productores.

En ese sentido, el funcionario mencionó la tímida suba de subsidios para los tambos, que se replicará en otros sectores, como una muestra de la estrategia oficial destinada a dejar atrás la discusión en torno de los derechos de exportación. "Ese debate se terminó", indicaron tajantes.

En el Gobierno afirman que se profundizan las divisiones en el discurso de las entidades de campo, con una mayor aproximación por parte de la Sociedad Rural y de Coninagro.

Aunque se esperaba que a priori la Federación Agraria Argentina (FAA) estuviera más cerca de la estrategia oficial, la entidad "está inmersa en una interna muy grande entre Eduardo Buzzi y Alfredo De Angeli", según las fuentes oficiales.

Con esta constelación, el Gobierno apostará a que la protesta del campo quede aislada del resto de la sociedad. "El Gobierno ya admitió la necesidad de corregir los efectos no deseados de la resolución de marzo. Ahora son ellos los que deben mostrar voluntad de diálogo", acotó la fuente, repitiendo el mismo discurso de las últimas semanas.

Pese a que la mayoría de los economistas privados afirma que la crisis con el campo ya está generando un escenario de importante incertidumbre sobre la economía, las fuentes oficiales indicaron que "no hay ningún síntoma de desaceleración".

"La economía está creciendo al 8% y el único signo que hubo de cambio fue un aumento de la demanda de dólares que probó la fortaleza del Banco Central y la tranquilidad del Gobierno para reaccionar", indicaron.

Cuando se insistió en el tema, aclararon que no habría efecto negativo "mientras [el conflicto] fuera coyuntural", algo que nadie se atreve a prever dada la turbulenta dinámica de los últimos tres meses.

Más allá de la discusión política, los funcionarios aclararon que las resoluciones con el nuevo esquema se conocerá la semana entrante y que se publicará una tablita con el valor correspondiente a cada precio.

"Hay un esfuerzo importante que deberían hacer las entidades para que las bases entendieran las claves del cambio", enfatizaron, con la intención de que los dirigentes realicen una tarea docente difícil de imaginar en el actual contexto de beligerancia entre ambas partes.

Defensa del "modelo"

Los funcionarios repiten que en realidad ahora la protesta sólo se sustenta "en la oposición de algunos dirigentes al modelo económico", aunque varios economistas heterodoxos señalen que la decisión del Gobierno de confrontar permanentemente y de no encarar el problema de la inflación es la principal amenaza al crecimiento.

"Algunos dicen que no aprovechamos la oportunidad, pero la Argentina fue el país que más creció en la región y que generó más empleo que nadie", agregaron con orgullo.

La defensa del modelo, concluyeron, implica mantener un dólar competitivo, aunque en las últimas semanas el Central haya apuntado sus cañones para que la divisa no se dispare.

Por Martín Kanenguiser
De la Redacción de LA NACION