En medio de una controversia por los pagos por compensaciones a las aceiteras y algunos faltantes ocasionales de esos productos en el mercado local, la Dirección General de Aduanas (DGA) frenó exportaciones de aceites al imponer una serie de condiciones a las empresas que quieren concretar ventas al exterior.

La entidad que preside Silvina Tirabassi difundió ayer un comunicado que indica que "se han aplicado nuevas medidas de control a las exportaciones de aceites, para constatar efectivamente la cantidad y calidad de la mercadería exportada, así como los valores declarados". Los nuevos controles forman parte de "un plan de tareas tendiente a reforzar la verificación de las cantidades efectivamente exportadas, en el caso de las cargas a granel.

Según indicaron fuentes oficiales a LA NACION, las restricciones abarcan a todos los aceites. Se realizarán, entre otras medidas, pruebas químicas a partir de muestras tomadas de cada embarque. "La autorización de la exportación deberá contar sin excepción con el resultado de la muestra, que puede tardar, según la Aduana, más o menos una semana", agregaron las fuentes.

Además de la prueba química, los exportadores tienen que presentar el contrato pactado con el empresario del exterior que justifique la operación, acreditar la modalidad de pago y presentar el costo de producción o adquisición con carácter de declaración jurada. Finalmente, en el paso por la Aduana, aunque el embarque obtenga el llamado "canal verde", tendrá que pasar obligatoriamente por el "canal rojo". Esto implica que los embarques tienen que atravesar una inspección para certificar la exportación. Hubo un embarque ayer que quedó demorado porque ningún inspector se acercó a realizar el control, indicaron desde la industria. "Esto no es normal", dijo otra fuente vinculada al sector, al ser consultada sobre los controles.

Ocurre que el trasfondo de las medidas aplicadas por la Aduana es, por lo menos, complejo. El Gobierno está preocupado por los precios y el abastecimiento del mercado interno. Las aceiteras, que exportan la mayor parte de su producción y se benefician de excelentes precios internacionales, niegan que falte mercadería en el mercado local.

Existe, además, una controversia en torno al pago de compensaciones. Según fuentes cercanas a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que dirige Ricardo Etchegaray (ex titular de la Aduana), se pagaron $ 130 millones más a las aceiteras por subsidios mal liquidados durante la gestión de Marcelo Rossi. En el oficialismo aducen un "error de cálculo" y aseguran que ese dinero debe ser devuelto, aunque reconocen que no se saben las causas del error. "Está en análisis por qué se les pagó de más", indicaron las fuentes.

Pero tres fuentes del sector indicaron a LA NACION que se enteraron de este supuesto error por los medios y que no han recibido aún ninguna notificación por parte de la Oncca. Las fuentes oficiales aseguran, no obstante, que las empresas lo saben.